Ene 28 2019

"¿Se va a conformar este Gobierno con un Acuerdo heredado de Montoro?"

El II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado por el Gobierno del PP y los sindicatos el pasado mes de marzo, supuso un hito para Función Pública porque dejaba vislumbrar con medidas concretas que la salida de la crisis económica era una realidad. Las empleadas y empleados públicos, los primeros en sacrificarse con recortes y congelaciones, se veían mínimamente resarcidos por un Acuerdo que contemplaba subidas salariales para el trienio 2018-2020. Ayer mismo el Congreso de los Diputados convalidó por mayoría absoluta el real decreto-ley por el que se aprueba la subida de al menos un 2,25% de la retribución de 2,5 millones de empleados públicos para este 2019, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales.

Con todo, el secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, admitía hoy que existe en el sindicato un grado elevado de desconcierto, ya que el Gobierno "ha cogido la cuerda del señor Montoro en materia salarial y lo ha cumplido estrictamente". La pregunta formulada por UGT es si el actual Gobierno quiere conformarse con un Acuerdo heredado o va a dar un paso más.

Hay numerosas materias contempladas por el Acuerdo que tienen que negociarse en sus respectivos ámbitos y existe un conflicto permanente en las diferentes mesas de negociación. Hay temas como la jubilación anticipada y parcial, la jornada laboral o los planes de igualdad que aún no han sido desarrollados.

Existen además algunos conflictos reseñables: los 7000 empleados públicos del Exterior, personal laboral que soporta el peso de las embajadas de nuestro país en el extranjero, llevan desde 2009 sin incremento salarial alguno. Estos trabajadores carecen además del derecho a elecciones sindicales.

Por otra parte, el conflicto de Prisiones afecta a 23.000 trabajadores, que llevan un año manifestándose y reivindicando sus derechos. "Los funcionarios y funcionarias de prisiones no son de los que abandonan fácilmente la lucha", ha reseñado Lacuerda. "Están luchando por la homologación de las condiciones de los trabajadores en todos los centros ("A igual trabajo igual salario"), no se puede consentir que cada prisión funcione de una manera diferente". Lacuerda ha anunciado que se presentarán enmiendas a los diferentes grupos parlamentarios. "El ministro del interior no puede seguir poniéndose de perfil ante este asunto durante más tiempo".

El secretario de FeSP-UGT ha lamentado también la excesiva judialización de la Función Pública, "como existen tantas interpretaciones diferentes, casi todo se tiene que resolver en los tribunales".

El sindicato ha hecho público un documento con sus propuestas específicas en materia de servicios publicos. 

 Puedes acceder al informe completo aquí

Ene 14 2019

"El Gobierno debe dar un paso más para recuperar los derechos perdidos de los empleados públicos"

En los próximos meses, la solución a los conflictos de Prisiones y del Exterior y la firma del IV Convenio Único marcarán la posición del sindicato en relación al Gobierno

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado los sindicatos a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas (órgano en el que están presentes UGT, CCOO, CSIF, ELA, CIGA, además de la FEMP y las Comunidades Autónomas) para comunicarles formalmente, tal como establece el EBEP, la subida salarial de al menos un 2,25% para los empleados públicos en 2019.

Según el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las condiciones de trabajo 2018-2020 firmado por UGT, los empleados públicos de las tres administraciones verán su salario aumentado a partir de enero de 2019 en un 2,25% como mínimo y hasta un 0,25% adicional según la evolución del PIB.

UGT ha planteado además a Función Pública algunos temas pendientes, como la convocatoria de una Oferta de Empleo Público destinada a reducir la temporalidad -que alcanza el 20% en Sanidad y Educación- , el desarrollo y la firma del IV Convenio Único para el personal laboral de la AGE –que afecta a unos 50.000 trabajadores- y la solución al grave problema de Instituciones Penitenciarias, que pasa por redimensionar las plantillas y equiparar los salarios del personal de todas los distintos centros penitenciarios. El conflicto corre el riesgo de enquistars tras varios meses de movilizaciones sin respuesta. UGT emplaza al Ministro del Interior a reabrir la negociación y buscar una solución al conflicto, y si no es capaz, que lo deje.

En cuanto a la OEP, se repiten las cifras de 2018 y se incluyen como sectores prioritarios los servicios vinculados a la violencia de género.

Al término de la reunión, Julio Lacuerda, Secretario General de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT, ha declarado que "esta organización sindical ha preguntado al Gobierno si quiere ceñirse al Acuerdo firmado por el señor Montoro o quiere un Acuerdo más ampliio que recupere los derechos perdidos de los empleadoss públicos. En este sentido, dos asuntos a recuperar se han puesto sobre la mesa: la jornada laboral y la jubilación parcial y anticipada de los empleados públicos".

UGT también ha exigido a la Administración la solución inmediata del problema salarial del personal laboral de la Administración General del Estado que presta servicio en el Exterior. Se trata de un colectivo de más de 9.000 empleados públicos en el Servicio Exterior de España, que tienen sus salarios congelados desde 2009. UGT ha subrayado que es una vergüenza que este colectivo no se haya beneficiado de ninguno de los acuerdos salariales firmados por las organizaciones sindicales y los sucesivos gobiernos de los últimos 10 años. Del mismo UGT considera inconcebible que este colectivo no haya celebrado nunca elecciones sindicales; son los únicos trabajadores de España que no han podido elegir a sus representantes 33 años después de las primeras elecciones sindicales.

Dic 19 2018
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El Gobierno cumple su compromiso con UGT al incrementar el salario de los empleados públicos 2,25% fijo en 2019

UGT muestra su asombro ante las ridículas manifestaciones de fuerza de un sindicato de funcionarios para solucionar temas ya resueltos

UGT celebra que el Gobierno cumpla su compromiso y aumente el salario de los empleados públicos un 2,25% en 2019. A esta subida se podría sumar un 0,25% variable, ligada a la evolución del PIB y otro 0,25 de fondos adicionales, tal como recogía el acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos el pasado mes de marzo. Con esta medida, Pedro Sánchez cumple el compromiso adquirido con UGT en la última reunión de la Mesa de Negociación de la Función Pública, el pasado 15 de noviembre, de incrementar el sueldo de los empleados públicos tanto si se presentaban presupuestos generales o no para 2019.

Se trata de una medida comprometida desde hace más de un mes y que tendrá luz verde mediante un Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros del próximo viernes. La medida afectará a los más de dos millones y medio de empleados públicos de todo el país.

UGT ha mostrado su asombro ante las ridículas manifestaciones de fuerza de un sindicato para tratar de soluciones temas ya resueltos, como esta subida salariales pactadas y comprometidas con el Gobierno.

El sindicato señala que ahora es importante avanzar en otras materias de negociación como la Oferta de Empleo Público para el año 2019 y resolver conflictos abiertos en la Función Pública como el de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias o Correos.

Nov 29 2018

La violencia de género no es un negocio: UGT alerta sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del 016 y el Centro Cometa

UGT ha alertado sobre las condiciones laborales de las trabajadoras que se ocupan de gestionar vía telefónica la violencia de género. Junto con la catedrática e investigadora Marta Cabezas Fernández hemos elaborado un informe sobre la naturaleza de este trabajo y su gestión, actualmente externalizada y prestada por empresas regidas por convenios de seguridad priivada (Cometa) y telemárketing (016).

Nos han acompañado en esta presentación Vanesa Barco, secretaria de Mujer de FeSMC-UGT y Cristina Antoñanzas, vicesecrataria general de UGT, que ha puesto de relieve la necesidad de que sea la Administración quien asuma el control y la calidad de un servicio público tan sensible, habida cuenta de la elevada cifra de mujeres que son asesinadas cada año por sus parejas y exparejas. "Exigimos la prestación directa por parte de la administración pública del 016 y de COMETA, exigimos que la administración general del estado inicie de inmediato el proceso necesario a su prestación directa en cuanto concluyan los contratos ya suscritos. Las trabajadoras de este ámbito deberían estar bajo el paragüas del Convenio Único de la AGE".

Luz Martínez Ten, secretaria de Mujer y Políticas Sociales de FeSP-UGT ha mostrado también su consternación por el hecho de que problema estructural, el de la violencia - que se cobra vidas casi cada día- esté laboralmente gestionado desde un tratamiento mercantil, con trabajadoras hacen su labor con un contrato de teleoperadoras y que tienen tres minutos para atender un caso de una mujer que está llamando porque teme por su vida.

Desde UGT queremos hacer una llamada de atención al Gobierno: los servicios públicos pierden su esencia al ser externalizados y precarizan las condiciones laborales, ya que aumentan la temporalidad y fragmentan la negociación colectiva. Brevemente, nuestro plan para la mejora del servicios es:

  • La Delegación de Gobierno debe ejercer la función de control de los contratos suscritos para la prestación de estos servicios establecida en la Ley de Contratación del Sector Público vigente. Para ello será imprescindible designar los recursos y establecer las directrices necesarias.

  • Crear una Comisión de Control de las Externalizaciones dentro del Observatorio de Violencia de Género, en tanto órgano de participación creado por la Ley Integral, que promueva la evaluación del impacto en la calidad en el empleo y en la calidad de los servicios de los procesos de externalización en marcha, así como la publicación de sus resultados.

  • Garantizar que los servicios se presten por personal cualificado en violencia de género, categorizado y remunerado como tal. Se debe recategorizar al personal de manera que no se encubran trabajos cualificados bajo categorías profesionales no cualificadas. Se debe verificar también que el personal directivo y los mandos medios sean especialistas en violencia de género. El personal a cargo del control de la calidad del servicio debe ser también especialista en violencia de género.

  • Replantear la evaluación del desempeño del personal bajo criterios acordes a los estándares profesionales de intervención en violencia de género y a los estándares de calidad de los servicios públicos en esta materia y no de los call centers privados.

Los hallazgos de esta investigación son sólo la punta del iceberg de una problemática más amplia, la calidad del empleo y la calidad de los servicios públicos de violencia de género. En la segunda fase de este proyecto de investigación estudiaremos la precariedad laboral en los servicios de atención a la violencia de género que son competencia autonómica y municipal y que viene denunciando la Plataforma en Defensa de los Recursos de la Red de Violencia de género. Este será nuestro reto para 2019.

Hemos elaborado un número especial de nuestra revista La Karishina sobre este problema

Puedes consultar el informe completo aquí