Mar 19 2018

Cientos de miles de ciudadanos han participado en el centenar de concentraciones y manifestaciones convocadas en todo el país para exigir pensiones dignas, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la defensa del Sistema Público de Pensiones y contra la subida de miseria decretada por el Gobierno del 0,25%, como ha venido haciendo desde 2014.

Para el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, “es hora de rescatar a las personas y si hay dinero para rescatar autopistas o bancos tiene que haber dinero para subir las pensiones de acuerdo, al menos, al IPC. Por ejemplo, utilizando los 1.000 millones de euros que el Gobierno recauda por el repago farmacéutico que realizan al año los propios pensionistas. Subir las pensiones ese 0,25% supone 300 millones de euros en 2018; si se subieran de acuerdo a la previsión de inflación del 1,5% costaría 1.600 millones. Solo faltaría encontrar 300 millones, y han encontrado para rescatar las autopistas quebradas, seguro que es posible encontrarlos para las pensiones”.

“No es posible que un país cuya economía crece año tras año ir encima del 3% del PIB, cuando las empresas tienen cada vez más beneficios, mientras las retribuciones de los consejeros y los altos directivos crecen, y los precios de los servicios, la energía y los alimentos aumentan, el Gobierno decrete subidas de las pensiones del 0,25%, es decir, 1,61€ al mes más para la mayoría de los pensionistas, que cobran 645 euros, y mientras un tercio de los pensionistas está por debajo del umbral de la pobreza”, añade Álvarez.
La sociedad se echa a la calle para defender a los pensionistasPepe Álvarez ha dejado claro que “esta es una lucha que no acabará hasta que el Gobierno sea consciente de que la mayoría de los ciudadanos no estamos dispuestos a que nos quiten nuestras pensiones. No hay atajos. No sirve bajar los impuestos para subir las pensiones de los más ricos, no sirve sólo hablar de subidas parciales, tiene que haber una subida general y además el Ejecutivo tiene que ir pensando que las pensiones más bajas deben ir subiendo paulatinamente, de tal manera que podamos alcanzar lo mil euros como pensión mínima en los próximos años”.
 
“Además, es muy importante que el Gobierno tome el termómetro de la calle, que vea hasta qué punto los ciudadanos no están dispuestos a que nos quiten la cartera. Es posible, España no gasta mucho en pensiones, -de hecho, gasta menos que Alemania, Francia o Italia- y además, no hay ninguna razón para no hacerlo y en este sentido, creo que esta es una lucha que vamos a ganar”.
Por un modelo de pensiones dignas

Para UGT, estas manifestaciones demuestran que, una vez más, la sociedad está exigiendo al Gobierno un modelo público de pensiones eficaz, eficiente y viable, algo que resulta incompatible con la reforma que el Partido Popular aprobó en solitario en 2013 y que contiene un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo.

El Gobierno ya no tiene la mayoría absoluta de 2013, por tanto, no puede mantener, contra todos, una reforma que empobrece a los pensionistas presentes y futuros subiéndoles la pensión un 0,25%, mientras la economía crece al 3% y los precios se sitúan en el 1,1%.

Negociación y consenso

Es necesario que el Ejecutivo se ponga a trabajar y busque soluciones de manera urgente, negociada y consensuada con los agentes sociales. Para empezar, derogando la reforma puesta en marcha sin consenso en 2013, aumentando el poder adquisitivo de las pensiones y garantizando la viabilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo y del Diálogo Social.
Además, es fundamental reclamar la reforma inmediata de las fuentes de financiación, mediante una nueva recomendación del Pacto de Toledo que permita que el sistema no sólo se financie a través de cotizaciones como fuente básica y principal sino también, adicionalmente, con impuestos; y erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los PGE, y destopando las bases de cotización.

También, el Pacto de Toledo debe establecer que la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC como mínimo es un derecho inherente al cobro de pensión, de carácter no contributivo (se contribuye solo para generar la pensión no para la actualización de la misma) y como tal ha de financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no con los fondos de la Seguridad Social.

Mar 14 2018

UGT ratifica un Acuerdo que permitirá recuperar poder adquisitivo por primera vez desde 2009Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, señala que “Ahora se inicia la restitución de derechos a más de tres millones de empleados públicos, ya nos tocaba”

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ratificará hoy, en la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, prevista esta tarde a las 17,00 horas, el acuerdo Gobierno-sindicatos que establece las condiciones laborales de los empleados públicos para los próximos tres años.

Mar 13 2018

Las mejoras del Acuerdo público deben trasladarse a la Concertada

El Sindicato de Enseñanza Privada de FeSP-UGT valora y muestra una gran satisfacción por lo negociado y firmado por FeSP-UGT para los trabajadores del sector público y recuerda que, como el sindicato viene defendiendo desde los comienzos de la Enseñanza Concertada, los salarios de los trabajadores de la Enseñanza Concertada están vinculados a las leyes de presupuestos.

Así lo establece el VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos, en su artículo 53 y sucesivos sobre retribuciones, así como la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 5 de febrero de 2015, ratificada por el Tribunal Supremo en fecha 27 de septiembre de 2016, por la cual los salarios de los trabajadores de la Enseñanza Concertada mantienen una vinculación a los PGE.

El Acuerdo fue firmado por FeSP-UGT el pasado 9 de marzo de 2018, con el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y con representantes del área pública de CCOO y con un representante de CSIF. Dicho Acuerdo establece un marco plurianual de incrementos salariales fijos, más unos porcentaje adicionales de incrementos ligados al crecimiento de la economía, calculados en función del crecimiento del PIB real, que recogerán los proyectos de leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2018, 2019 y 2020, así como la posibilidad de una subida adicional para el año 2020, si se cumplen los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria (déficit público) para el sector público.

FeSP-UGT espera que, siguiendo con lo que históricamente ha ocurrido, dicho acuerdo tendrá su reflejo en la Enseñanza Concertada a través de su traslado en los Presupuestos Generales del Estado a los módulos de conciertos, además de la existencia de los diferentes acuerdos de homologación de los trabajadores de la Enseñanza Concertada con los de la Enseñanza Pública en cada uno de los territorios del Estado.

FeSP-UGT quiere recordar que, tal y como establece la LOE (no modificado por la LOMCE) en su artículo 108.4, "la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados", razón por la cual a los trabajadores de Enseñanza Concertada, como trabajadores del sistema público educativo que son, les fue de aplicación tanto el "RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público", como el "RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad".

Por tanto, de incluirse los mencionados incrementos salariales en los proyectos de leyes de PGE de este año 2018 y de los sucesivos años vinculados al Acuerdo, igual que para los trabajadores del sector público, supondría una rectificación y un cambio de orientación del Gobierno que ayudaría a restituir los derechos perdidos por los trabajadores con sus salarios vinculados a fondos públicos, como es el caso de los trabajadores de la Enseñanza Concertada.

FeSP-UGT espera que ninguna organización de la Comisión Negociadora del VI Convenio Colectivo de la Enseñanza Concertada(tanto las firmantes o no del Acuerdo de 9 de marzo de 2018, como las no firmantes del VI Convenio Colectivo porque no se sentían vinculados a las leyes de presupuestos) dificultará la firma y traslación de los incrementos presupuestados, cuando así lo estén en los PGE, al BOE para materializar dichas subidas salariales en la nómina de los trabajadores de las Enseñanzas Concertadas, tanto ordinaria como de Educación Especial.

Una vez se ratifiquen las nuevas leyes de PGE se confirmará que los grandes cambios y mejoras en los salarios y en la estabilidad laboral de los 150.000 trabajadores de la Enseñanza Concertada vuelven a venir de la mano de la negociación colectiva, así como del gran potencial de FeSP-UGT como primera gran Federación de Empleados de los Servicios Públicos, y no de las radicalidades entre redes educativas, pues los grandes avances los hacemos juntos tanto el sector público como el concertado.

FeSP-UGT muestra su satisfacción por el Acuerdo firmado y espera que se traslade a los módulos de conciertos en los PGE, considerando que ya tocaba compensar a los empleados de los servicios públicos, y los trabajadores de la Enseñanza Concertada lo somos.

Mar 12 2018

UGT firma un acuerdo que restituye derechos y salarios a las empleadas y empleados públicos

 

Entre 2018 y 2020 sus sueldos podrían aumentar un máximo de 8,79% lo que permitirá recuperar 5,29% del poder de compra perdido durante la crisis

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT y el Gobierno firman un Acuerdo plurianual  sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la Función Pública que asegura una subida del 6,1% fijo hasta 2020 y del 6,9% para distintos colectivos a través de fondos adicionales. El incremento salarial alcanzaría el 8,79% si se cumplen varias previsiones económicas que son el crecimiento del PIB en 2019 y 2020 y el cumplimiento de déficit.

En 2019, los empleados públicos podrán llegar a percibir un 2,75% más en sus nóminas y el siguiente año la subida salarial se podría situar en 3,85%. Al final del acuerdo, los empleados públicos tendrían una subida de 8,79% de salario, lo que permitiría recuperar casi cinco puntos y medio del poder de compra perdido durante los años de crisis.

Al hilo del incremento salarial, Julio Lacuerda, Secretario General de FeSP-UGT, ha señadado que “las empleadas y los empleados públicos sabemos bien lo que es la incertidumbre, la presión y la precariedad porque la hemos vivido durante todos estos años de la crisis, años en que hemos perdido el 13,1% de nuestro poder adquisitivo. Este Acuerdo que firmamos representa el comienzo de la recuperación salarial y de la reparación de derechos; es el punto de partida del reconocimiento de nuestro esfuerzo personal y nuestro compromiso colectivo con los servicios públicos como garantes de derechos de ciudadanía”.

Restituir derechos: IT y Jornada y conciliación

El acuerdo permitirá, mediante la negociación en cada ámbito concreto, acordar calendarios laborales que maticen y flexibilicen las 37´30 horas. Además posibilita, mediante negociación colectiva, que los empleados públicos puedan acumular un 5% de su jornada anual -con carácter recuperable- para tareas de conciliación destinada al cuidado de familiares. También el posible establecimiento de una jornada continua especial cuando se tienen a cargo a menores o discapacitados.

Mediante la negociación, se podrá volver a negociar y restituir el 100% de las retribuciones cuando se está en situación de incapacidad temporal. Para logralo se podrá negociar en cada Administración un complemento retributivo sobre la prestación de la Seguridad Social en materia de IT, hasta alcanzar el 100% de las retribuciones que se perciben habitualmente, siempre que se justifique la ausencia mediante el correspondiente parte de baja o establecer catálogos de contingencias.

Ahora se crea Empleo Público

El acuerdo con el Gobierno permitirá crear nuevo empleo público y devuelve la capacidad de negociación y gestión a las administraciones autonómicas y locales. El proceso de estabilización -reducción de un 90% la temporalidad- se universaliza, al extenderse a todos colectivos y sectores de las Administraciones Públicas, así como a su sector público (agencias, organismos autónomos, etc.)

El acuerdo permitirá a las Administraciones Públicas que cumplen el objetivo de déficit, la regla de gasto y deuda pública cubrir las bajas que se produzcan en todos los sectores, funciones y servicios, sean o no prioritarios. En estos casos, se podrá aprobar una tasa adicional de 8% sobre la tasa general en los sectores que se consideren necesario.

Para aquellas Administraciones que no cumplan los requisitos, la tasa de reposición será del 100% en los sectores prioritarios -llegarán a veinte- y del 75% en el resto, un 25% más que el año anterior. Adicionalmente podrán fijar una tasa del 5% si lo necesitan.

Más libertad para negociar el Empleo en la Administración Local

El acuerdo incluye unas previsiones específicas para las Entidades Locales que permitirá cortar la sangría de empleo que se ha producido en lso últimos, años, casi 115.000 puestos de menos desde 2010.

Las Entidades Locales que han cumplido los objetivos señalados tendrán el 100% de tasa de reposición en todos los sectores, evitando la disminución de plantillas. Además podrán aprobar una tasa del 10% sobre el general en aquellos sectores que determinen.

Si no han alcanzado el objetivo de déficit, regla de gasto y deuda pública podrán cubrir el 100% de las bajas que se produzcan en sectores prioritario, el 75% en los no prioritaros y un 5% más sobre la tasa que se corresponda si lo considera necesario.

Además, cualquier entidad local que en los últimos cinco años haya aumentado más de un 20% su censo de población dispondrá de un 5% más de tasa de reposicion. Esta cuota permitirá una cobertur adecuada de los nuevos servicios públicos que los ayuntamientos deben prestar conforme a la ley de bases del régimen local.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

El acuerdo fija una tasa del 115% para los cuerpos de policía autonómicas y locales. Estos datos permiten la creación de empleo neto y facilita la implementación del Real Decreto sobre jubilación anticipada de la policía local. Esta medida puede afectar este años a cerca de 3.200 policías locales que ya tienen más de 60 años y en los próximos años a otros 4.000 tienen entre los 55 y 60 años. Actualmente hay un total de 70.000 efectivos en las policías locales.