Oct 16 2018

Menos horas de docencia para mejorar la calidad del trabajo

El porcentaje de horas que dedica el profesorado español a impartir clase es considerablemente más alto que las medias internacionales.

Un docente español destina de su tiempo total dedicado a la docencia, un 62% de enseñanza directa en Primaria; un 50% en Secundaria Inferior y un 49% en Secundaria  Superior, frente a la media de la OCDE y la UE22, que en Primaria, es de un 48 y un 49% del tiempo total respectivamente; en Secundaria Inferior es de un 42% y en la Secundaria Superior es de un 40%.


El elevado número de horas de docencia que imparte el profesorado supone para su labor docente:

•    Menos tiempo disponible para preparación de clases, correcciones…

•    Menos tiempo para la acción tutorial y la coordinación

•    Menos tiempo para la formación e innovación pedagógica

•    Menos tiempo para la atención individualizada y la diversidad

El elevado número de horas de docencia que imparte el profesorado supone para el centro:

•    Menor número de docentes en la plantilla

•    Mayores dificultades en la organización escolar

•    Dificultad para realizar desdobles

•    Menos tiempo para actividades complementarias

•    Dificulta desarrollo de proyectos, programas, acciones didácticas

El elevado número de horas de docencia que imparte el profesorado supone para el propio docente:

•    Empeoramiento de sus condiciones laborales

•    Incremento de riesgos psicosociales: estrés, síndrome del quemado…

•    Incremento de enfermedades profesionales

Por todo ello, el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT exige:


•    Reducción de la carga lectiva: Máximo 18h en Secundaria y 20h en Infantil y Primaria

•    Reducción de la jornada laboral a 35h

•    Distribución horaria semanal acorde con las necesidades del alumnado y del centro

Descargar informe

Enseñanza Informa

Oct 02 2018
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Los sindicatos de Correos anuncian movilizaciones

CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, con el 85% de la representación en Correos, han anunciado la reanudación e intensificación de las movilizaciones en Correos ante la falta de respuestas del Gobierno, Hacienda, Fomento, SEPI y la propia Dirección de Correos.

Las organizaciones sindicales de Correos, que ya iniciaron movilizaciones en junio, han denunciado que la situación de la empresa postal pública es insostenible al presentar unas cuentas en números rojos motivadas por el brutal recorte en la financiación al Servicio Postal Público en 180 millones de euros en los dos últimos años, un déficit en sus cuentas de 230 millones de euros y sin un Plan de Empresa que permita incrementar los ingresos.

Todo ello con una severa reducción de 15.000 trabajadores y trabajadoras menos en los últimos ocho años, en el marco de una regulación colectiva bloqueada desde hace cinco años, en la que la plantilla no sólo se ha visto mermada sino que ha sufrido recorte de salario y desregulación de las condiciones laborales, como prueba el 35% de eventualidad y el 22% de tiempo parcial.

La ciudadanía es otra de las grandes afectadas por los recortes a los que se le está sometiendo a Correos, deteriorando el servicio postal público prestado en numerosos municipios y localidades de toda España, con retrasos en la entrega de cartas, paquetes, notificaciones.

Por todo ello, ante la falta de respuesta del Gobierno y considerando que las decisiones sobre la empresa pública Correos no admiten más demoras, CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre han intensificado el calendario de movilizaciones que se concreta en:

-       Concentraciones en las capitales autonómicas en las Subdelegaciones del Gobierno, entre el 5 y el 16 de noviembre.

-       Tres huelgas generales: el 30 de noviembre, 21 y 26 de diciembre.

Además, han advertido que si el Gobierno no abre el proceso de diálogo y negociación para dar soluciones concretas a las reivindicaciones planteadas para dotar a Correos de un Plan de Prestación con suficiente financiación, un plan que permita la diversificación y el aumento de los ingresos así como un Convenio y Acuerdo Colectivos que recojan más empleo, salario y regulación de derechos, la movilización no sólo se intensificará este otoño sino que se prolongará a lo largo de 2019.

Oct 02 2018

FeSP exige un nuevo contrato de relevo y jubilación parcial a los 61 años

El Pacto de Toledo es, desde hace mucho tiempo, donde se venía acordando la legislación sobre la jubilación que afecta a todos y cada uno de los trabajadores de todos los sectores productivos. Pero estos trabajadores vieron modificadas sus condiciones de acceso a la jubilación parcial de una forma muy negativa tras la publicación el día 15 de marzo de 2013, del Real Decreto Ley 5/2013 que cambiaba las condiciones de acceso a la jubilación parcial. No obstante, y gracias a la firma de Convenios en las Empresas -a la que se refiere la Disposición Transitoria cuarta apartado 5 de la Ley General de Seguridad Social-, se puede seguir aplicando la legislación anterior, pero únicamente hasta el 31 de diciembre de 2018.

UGT lleva mucho tiempo defendiendo un contrato de relevo que sirva como puente a la jubilación, que genere oportunidades a los desempleados y que sirva para renovar las plantillas en los centros de trabajo.

A este respecto, es necesario añadir que el pasado día 31 de julio, la Unión General de Trabajadores (UGT) en la reunión del Diálogo Social que se mantuvo con el Gobierno, ya adelantó cuál es su posición respecto al contrato relevo. La posición de nuestra organización es que la normativa para esta modalidad de contratación, sea generalizada para todos los colectivos profesionales.

Cualquier medida que se tome para unir fuerzas puede ser interesante, pero no se puede dejar de señalar que la jubilación parcial no se puede defender desde una recogida de firmas sectorial. Es totalmente ineficaz utilizar un mecanismo voluntarioso de este tipo cuando este tipo de negociaciones se realizan en otros foros en los que sí que está UGT, que son donde se puede presionar al Gobierno para que lo modifique.

Desde FeSP-UGT seguiremos exigiendo al Gobierno que rectifique las modificaciones legislativas introducidas durante los años de crisis y que afectan a la jubilación parcial con contrato de relevo.