UGT se congratula de que el Gobierno haya tomado la decisión de abrir un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la Sociedad Civil para elaborar en el plazo de 6 semanas un RDL que garantice la universalidad de la sanidad en España. Y espera el Gobierno cite de manera inmediata a los sindicatos para iniciar esas negociaciones.

Cumplir los tratados internacionales que suscribe España no es una opción, es una obligación como viene reclamando UGT desde hace ya años. Como sabe bien la ministra de Sanidad,  no solo eso sino que, además, España ha sido condenada por el CEDS, Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, por incumplir la Carta Social Europea al excluir a los inmigrantes no regularizados del sistema de salud.

El sindicato recuerda que hace tan solo siete días envió junto a otras 36 organizaciones un manifiesto conjunto para instar a la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, a que adoptara sin mayor dilación las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España independientemente de su situación administrativa.

Este documento, con el título 'Es hora de la sanidad universal', recuerda el compromiso expresado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la moción de censura en el Congreso sobre su intención de retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en España que fueron excluidas de ella.

Este anuncio recoge el contenido del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja, a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Confiamos que  Pacto Político y Social colaboren para devolver la dignidad al sistema sanitario.

Seis años de "devastadores efectos" del RDL 16/2012

Desde la aprobación del Real Decreto-Ley (RDL) 16/2012, se ha expulsado a cientos de miles de personas del SNS y la urgencia de revertir esta situación no ha hecho sino aumentar.
A las múltiples y persistentes vulneraciones del derecho a la salud consecuencia del RDL se suma la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que niega la competencia de las comunidades autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos.

Además, la adopción del RDL no se sostiene tampoco desde una perspectiva de eficiencia del sistema, pues según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes hacen del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de las nacionales. También un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones que podían haber sido prevenidas.

El RDL forma parte del marco de las políticas de austeridad que han supuesto un importante debilitamiento del sistema público de salud. La importante caída del presupuesto público de sanidad, las reducciones de plantilla o la ampliación del sistema de copagos han minado sensiblemente la calidad de nuestro SNS y su papel fundamental como pilar del Estado Social. El Gobierno debe recapitalizar el Sistema Nacional de Salud (SNS) garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia.

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha remitido una carta a Meritxell Batet, Ministra de Política Territorial y Función Pública, donde le pide que se reúna, lo antes posible, para tratar los contenidos del Acuerdo para Mejorar el Empleo Público y las Condiciones de Trabajo de los empleados públicos, su aplicación en las diferentes Administraciones y el desarrollo que conlleva.

Julio Lacuerda, Secretario General de FeSP-UGT, ha señalado que “confía en mantener un encuentro en breve para que el acuerdo suscrito no sufra ningún retraso en su aplicación, y los empleados y empleadas públicas puedan ver cuanto antes el fruto de la negociación colectiva”. “Los gobiernos pueden cambian, pero los acuerdos se deben mantener, es la grandeza del Estado de Derecho”, ha concluido Lacuerda.

En el escrito, que rubrican los tres sindicatos firmantes del acuerdo, se considera imprescinble recuperar “las líneas de trabajo acordadas, mejorando el diálogo social con las empleadas y empleados públicos”. Se recuerda que siempre han sostenido la necesidad de “recuperar las  condiciones de trabajo, jornada, derechos, empleo y mejoras salariales, que las diferentes contrarreformas gubernamentales han eliminado de las Administraciones públicas”.

El documento describe la situación en la que se encuentra el acuerdo: “una vez pasados diferentes procesos e incidencias, finalmente el 9 de marzo se firmó entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, el denominado II Acuerdo de Mejora del Empleo Público, posteriormente publicado en el BOE, cuyos contenidos han sido trasladados al texto del proyecto de PGE 2018, actualmente en el Senado, pendiente de su aprobación”.

El texto recoge los pasos que se han habían dado hasta el momento para avanzar en su aplicación: “El 22 de mayo se constituyó la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo de Mejora del Empleo Público, acordándose con la Secretaría de Estado de Función Pública el establecimiento de ocho comisiones de trabajo, tal como se había convenido en el documento suscrito”.

"Es el momento de repartir la riqueza; lo están pidiendo, los jubilados, las mujeres, y los trabajadores" ha afirmado el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey esta mañana en la concentración que ha tenido lugar esta mañana frente a sede de CEPYME para denunciar su falta de actitud negociadora de la patronal en el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Para ello, los sindicatos UGT y CCOO Aragón reclamado subidas salariales y han denunciado la precariedad que existente en el mercado laboral.

"No es de recibo que mientras España crece al 3%, los salarios se estén quedando por debajo del IPC" ha destacado Daniel Alastuey, quien ha explicado que los trabajadores "pierden" frente a los beneficios empresariales de dos maneras:  en el empleo- todavía falta dos millones de empleos para conseguir el mismo nivel que antes de la crisis- y a nivel salarial – desde 2008 han perdido, 8 puntos de poder adquisitivo".

En referencia al comunicado emitido ayer por la patronal, el secretario general de UGT Aragón ha señalados que "indica poca ganas de negociar" ya que se reafirman en subir salarios entre un 0 y un 2 por ciento, y solo serán superiores solo en casos muy concretos "Si es ese su único ofrecimiento, nosotros no podemos llegar a acuerdos con ellos" y ha aclarado que "Estamos pidiendo una subida base del 3, 1 por ciento, además de cláusulas de revisión salarial y un salario mínimo de mil euros en convenios colectivos sectoriales". 

La concentración de este mañana, se ha repetido en otras ciudades del país y forma parte de la campaña movilizaciones que se están desarrollando bajo el lema "#Tiempo deGanar" que reclama más igualdad, mejores salarios y pensiones, y empleo de calidad.

Durante la concentración, ocho delegados pertenecientes a sectores en conflictividad laboral han expuesto las dificultades con las que se encuentran día a día en sus empleos.

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha valorado positivamente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentarios Popular que permitirá a la policía local jubilarse anticipadamente a los 59 años. El carácter de la medida es voluntario y supone una importante mejora social. En la actualidad, cerca de 3.200 policías tienen más de 60 años y unos 4.000 tienen entre 55 y 60.

UGT ha señalado que esta decisión responde en gran medida a las movilizaciones que el sindicato, junto a otras organizaciones del ámbito, han llevado a cabo durante varios meses. La organizacíon sindical ha destacado la intensa labor de negociación y presión que ha desarrollado durante los últimos tres años. Un trabajo que contó con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias y que permitió que, en diciembre de 2016, los gobiernos locales alcanzaran un acuerdo donde se preveía que éstos pagaran el 85% de los costes de la jubilación anticipada, los agentes un 15% y el Gobierno de España no debía pagar nada. También se acordó que el proceso se haría efectivo el 1 de julio de 2017 o como muy tarde el 1 de enero de 2018.

En espera de que se vote en los Presupuestos, el sindicato mantiene la convocatoria, realizada junto a las dos plataformas sindicales, para manifestarse mañana en Madrid y reclamar al Gobierno este derecho. En total, son cerca de de 75.000 profesionales de todo el territorio están convocados a la manifestación prevista para el día 23 de mayo en Madrid.

UGT señala que la enmienda permite desbloquear jurídicamente el proceso, aunque aún faltarían por solventar aspectos administrativos que permitan su implantación.