Ago 30 2018

Favorecería la empleabilidad, la competitividad y el crecimiento económico


 
► Es necesario potenciar una de formación profesional dual de calidad y dotarla de financiación suficiente para convertirla en un instrumento que favorezca la competitividad y el crecimiento económico.

► La formación dual debe dar respuesta a los problemas de cualificación y empleabilidad en la sociedad y, especialmente, entre los jóvenes.

► La modalidad de FP Dual vinculada a contrato de formación y aprendizaje podría beneficiar a cerca de 1,8 millones de jóvenes entre 16 y 29 años

Según datos de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2017, durante el curso 2016-2017 la matriculación en proyectos de formación dual alcanzó los 24.000 alumnos, una cifra que supone un aumento llamativo con respecto al ejercicio 2014 en el que se matricularon 9.555 personas.
 
Además, según la EPA del Segundo trimestre de 2018, la modalidad de FP Dual vinculada a contrato de formación y aprendizaje podría beneficiar a cerca de 1,8 millones de jóvenes entre 16 y 29 años que actualmente no disponen de cualificación profesional.
 
La Unión General de Trabajadores defiende la necesaria revisión de este modelo de formación para que se convierta en un instrumento eficaz y de calidad de los procesos de aprendizaje en centros de trabajo, favoreciendo de este modo el desarrollo de las competencias y la empleabilidad de los trabajadores.
 
El sindicato siempre ha defendido una política de formación profesional consecuente con aquellas medidas que favorezcan no solo la capacitación profesional de todas las personas trabajadoras, sino también, con aquellas que posibiliten las condiciones más adecuadas para el acceso y el mantenimiento del empleo. Por ello, los procesos de formación y aprendizaje que agilicen la transición de los sistemas de educación y formación al mercado de trabajo siempre serán bienvenidos.
 
En este sentido, UGT valora las declaraciones que recientemente ha efectuado la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, reconociendo la necesidad de realizar ajustes en el sistema de formación profesional dual, el cual debe continuar perfeccionándose y evolucionando.
 
Efectivamente, en consonancia con las mejoras prácticas de nuestro entorno europeo, necesitamos implementar en nuestro país una política de formación profesional dual que garantice las condiciones mínimas de calidad, seguridad jurídica y prestación social, que conviertan a este modelo de formación, en una alternativa atractiva, no solo para nuestros jóvenes, sino para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que participen en procesos de aprendizaje en la empresa, en la mejora de sus competencias y la obtención de cualificaciones profesionales, favoreciendo, de esta forma, la empleabilidad y el crecimiento económico de nuestras empresas.
 
Compromiso de UGT con la FP Dual
 
El 31 de enero del presente año, UGT firmó el convenio marco de colaboración con la Alianza para la Formación Profesional Dual, una red estatal de empresas, centros e instituciones comprometidas con el desarrollo de la formación profesional dual en España, impulsada por la Fundación Bertelsmann.
 
Del mismo modo, y en este mismo año, el sindicato ingresó en la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, una plataforma coordinada desde la Comisión Europea que reúne a gobiernos, centros de formación, cámaras de comercio, empresas e interlocutores sociales, interesada en fortalecer la calidad, la oferta, la movilidad y la imagen de la formación de aprendices en Europa.
 
A través de estas iniciativas, la Unión General de Trabajadores muestra su compromiso en avanzar en la concepción, diseño y puesta en práctica de aquellas medidas que mejor contribuyan a la implantación de una política de formación profesional dual de calidad en nuestro país.
 
Concretamente, un modelo de formación profesional dual que supere los tradicionales enfoques administrativos de educación y de empleo y que dé respuesta a los verdaderos problemas de cualificación y empleabilidad que demanda nuestra sociedad y, especialmente nuestros los jóvenes y que logre la integración del programa de formación profesional dual al más alto nivel estratégico en la empresa; la celebración de un contrato de trabajo y la remuneración de los aprendices; la asignación de una persona tutora a cada aprendiz —o grupo de aprendices— y la formación adecuada para que ésta pueda desarrollar su función correctamente, la dedicación del tiempo suficiente a la coordinación e impulso del programa junto con el centro educativo.
 
Además, es necesario que la formación dual descanse en un modelo de financiación suficiente por parte de los poderes públicos y las empresas; se apoye en mecanismos irrenunciables como son los derechos y garantías que asisten al aprendiz —alumnado-trabajador—; la orientación, la información y asesoramiento y que, finalmente, cuente con rigurosos sistemas de evaluación que permitan valorar la eficacia y eficiencia del modelo.
 
De este modo, el sindicato espera que las palabras de la Ministra Celaá y su voluntad de celebrar un diálogo fructífero con los agentes sociales y los centros educativos, contribuyan a la modernización de la formación profesional y la establezcan como una prioridad estratégica alineada con el crecimiento económico, la competitividad y, en consecuencia, con la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
 
Ago 12 2018

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El papel de la organización en el diseño de un nuevo contrato social en un mundo cada día más global y complejo

UGT cumple 130 años en un momento crítico para el devenir de nuestra sociedad. Vivimos tiempos en los que es preciso crear empleo y afianzar la recuperación económica, en beneficio de todos. En este marco resulta indispensable que los principales actores sociales (administraciones públicas, empresas y organizaciones sindicales) sumen fuerzas para garantizar una respuesta coordinada ante los retos que ha de afrontar nuestro país.

Peligros como el desempleo, la precariedad laboral, la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y el riesgo de pobreza hacen que UGT y el resto de los sindicatos adquieran especial relevancia, en un entorno de complejidad creciente.

La globalización del capital y de los procesos productivos, la creciente relevancia política y económica de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (los llamados ‘BRICS’ por la suma de sus iniciales) y el intenso desarrollo de las tecnologías de la información definen una nueva situación. El terreno de la responsabilidad social y las medidas de austeridad económica que han aplicado las administraciones modifican el rol que han tenido las empresas históricamente.

Nos enfrentamos al reto de proteger y extender el estado del bienestar y el modelo social europeo que tanto ha costado implantar en España. Y en esta tarea, a la Unión General de Trabajadores le corresponde un rol decisivo, reivindicando y trabajando para la negociación de un nuevo contrato social para el presente y el futuro.

En lo que al sector público se refiere, el pasado mes de julio se cerró con un buena noticia: el Gobierno socialista anunció una oferta de empleo público en la Administración del Estado de 10.501 plazas del turno libre con el objetivo paliar la pérdida de 8.009 efectivos durante 2017. Las movilizaciones de UGT durante mayo y junio pretendían elevar la voz de los funcionarios, que han visto aumentar su carga de trabajo perdiendo además poder adquisitivo año tras año.

Pero las reivindicaciones no han sido en vano. Todo parece indicar que comienzan a revertirse todos aquellos aspectos que con el decreto del PP de 2012 supusieron para los empleados públicos una pérdida injusta de los derechos que se habían conquistado los años anteriores.

El reto a corto plazo para los más de dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras públicos de nuestro país es recuperar calidad de vida a través de una mejora de sus condiciones laborales y salariales. Unos sindicatos fuertes y un Gobierno proclive a la Negociación son los garantes de que estas condiciones se cumplan. El II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo firmado el pasado marzo con el Gobierno anterior espera ser desarrollado en cada uno de sus ámbitos (local, autonómico…) en virtud de la necesaria negociación colectiva constante con los agentes sociales, legítimos representantes de los trabajadores. La reducción de la temporalidad en sectores como la educación y la enseñanza constituyen uno de los grandes retos aún pendientes. La conciliación de la vida laboral y personal, la jubilación anticipada y parcial de policías, bomberos y agentes forestales, el desarrollo de la carrera profesional, la erradicación de la brecha salarial de género y garantizar las condiciones de los trabajadores sujetos a contratos públicos a través de empresas privadas son aspectos esenciales que el Acuerdo contempla y habrá que cumplir sin demora.

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Jul 31 2018

Publicadas 23.156 plazas de empleo público para 2018 en el BOE


Hoy se han publicado en el BOE:

Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10858

Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo público de estabilización para el personal de la Administración de Justicia para 2018.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10857

Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.

plazas oep 2018

Jul 24 2018

100% de retribuciones en IT en la AGE: UGT alcanza un Acuerdo con el Gobierno socialista tras 6 años de recortes


Con el Acuerdo suscrito ayer por UGT con el Gobierno socialista ha cesado una injusticia que ha durado más de seis años. Durante estos seis años las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado han tenido que elegir entre ir a trabajar enfermos o ver mermadas sus nóminas a final de mes.

Las modificaciones normativas efectuadas en 2012  para la inclusión de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria por el Gobierno del Partido Popular modificó temporalmente el régimen retributivo del personal incluido en los distintos regímenes de Seguridad Social durante la situación de Incapacidad Temporal.

UGT ha reclamado insisténtemente durante todos estos años que se complementen las retribuciones en caso de incapacidad temporal ya que existe un agravio con respecto a las Comunidades Autónomas y grandes empresas.

El Sector AGE ha reiterado mediante varios escritos remitidos a la Secretaría de Estado de Función Pública, su reclamación sobre la recuperación del derecho a que se complemente la totalidad de la prestación económica en caso de incapacidad temporal hasta la totalidad de las retribuciones de las empleadas y empleados públicos destinados en la Administración General del Estado (suprimido por el RD 20/2012).

En dichos escritos denunciábamos la discriminación que sufrían las y los empleados públicos de la AGE con respecto a los de otras Administraciones como la Administración de Justicia o con los de Comunidades Autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Murcia, Islas Baleares, País Valenciano, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Canarias, Cataluña, etc

El agravio no quedaba ahí, ya que grandes empresas de sectores tan variopintos como Telefónica, Repsol, Mapfre, Enagás, Endesa, Banco de Santander, AENA, Día o Gamesa complementan las prestaciones de Seguridad Social desde el primer día en situación de Incapacidad Temporal, hasta alcanzar el 100% de las retribuciones de sus trabajadores.

La mejora de la situación económica y presupuestaria, así como el reconocimiento de la aportación que ha supuesto el trabajo de los empleados y empleadas al servicio de las Administraciones Públicas para esa mejora, condujeron a la firma el pasado 9 de marzo de 2018 del II Acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo. Entre otras cuestiones, en el mismo se acuerdan medidas en materia de incapacidad temporal, que se han visto reflejadas en la Disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

En esta disposición se establece que cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos autónomos y entidades dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que se le haya expedido licencia por enfermedad y se determinan las reglas del complemento retributivo que puede llegar hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad temporal, tal y como se establecía en la regulación anterior. En el caso de la Administración General del Estado, esta regulación se aprobará por decreto del Consejo de Ministros.