Feb 13 2011

Una Sentencia Importante

Los pasados días los medios de comunicación se han hecho eco de una sentencia del Tribunal Supremo, dictada tras un recurso de la asociación para la defensa de la función pública aragonesa, que anula la oferta de empleo público de la DGA para el año 2007. La sentencia anula la OPE del 2007 por entender que vulnera el derecho al acceso al empleo público al no ofertar todas las plazas vacantes ocupadas por interinos, lo que considera contrario a lo estipulado por la Ley de Ordenación de la Función Pública de Aragón y por el Estatuto Básico del Empleado Público.

La oferta de 2007 fue aprobada con los votos de la Administración y de los sindicatos CCOO y CSIF y sin el voto de UGT, que se opuso en la Mesa Sectorial de Administración General y se abstuvo en el trámite consultivo de la Comisión de Personal. Los argumentos que llevaron a UGT a no aprobar dicha oferta fueron fundamentalmente dos: en primer lugar, que no se ofertaba un número significativo de plazas que permitiera combatir la creciente precarización de las plantillas de la DGA; en segundo lugar, que la Oferta no abordaba el problema de la estabilización de efectivos y, más concretamente, la aplicación de la D.T. 4ª del EBEP.

Cuatro años después, la sentencia del supremo viene a desmontar los argumentos esgrimidos en aquel momento por la Administración (que consideraba lesiva para la calidad de la selección una oferta numerosa y se amparaba en un supuesto mayor coste para la Administración) y genera dudas entre los trabajadores acerca del alcance práctico de la sentencia.

Al margen de las decisiones judiciales que se tomen al respecto, UGT considera que no debe haber problemas para garantizar la validez de los procesos de selección originados por la OPE de 2007 por cuanto el Tribunal Supremo no pretende recortar el número de plazas ofertadas, sino aumentarlo. En ese sentido, los trabajadores seleccionados en procesos derivados de esa oferta no deben sentirse intranquilos. En cuanto a los otros posibles afectados por la sentencia, que son los interinos cuyas plazas deberían haber sido incluidas en la oferta, la sentencia será de difícil cumplimiento por razones prácticas (algunas de esas plazas ya estarán cubiertas a través de otros procesos de selección o provisión) y jurídicas, por cuanto la Ley de Presupuestos para 2007 establecía una tasa de reposición de efectivos que limitaba enormemente la posibilidad de oferta.

Para UGT, sin embargo, el valor de la sentencia estriba en que próximas negociaciones acerca de las ofertas de empleo público deberán abordarse desde parámetros diferentes que, por cierto, habrán de tener en cuenta lo que nuestro sindicato alegó entonces: que no es posible tener una política seria de personal si no se aborda el principal problema, que no es otro que la precariedad de las plantillas.

La combinación de la sentencia que nos ocupa y de la legislación que año tras año impone el Estado a través de la Ley de presupuestos (tasa de reposición de la que se excluye las plazas incursas en procesos de estabilización de efectivos), solo dejan una salida, que no ha sido asumida en los pactos sobre empleo que el Gobierno, CCOO y CSIF han firmado en 2005 y 2008: un plan de consolidación de empleo que permita una gestión racional de las plantillas.

UGT va a velar porque la sentencia del Tribunal Supremo no perjudique a aquellos que no han generado el problema y, sobre todo, va a exigir una nueva política que no esté lastrada por insoportables índices de precariedad.

 

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