Feb 14 2018

El pasado 5 de febrero los sindicatos más representativos en el ámbito del sector público  se reunieron con el Ministro Montoro para retomar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado  para 2018.

Estas negociaciones que se han iniciado son fruto de las movilizaciones que UGT y CCOO hemos mantenido, en unidad de acción, desde el 1 de Junio, con dos fechas claves el 24 de noviembre y el 14 de diciembre.

Las propuestas, argumentos, reivindicaciones y objetivos que el Sector de la Administración General del Estado de la FeSP-UGT os presenta, pivotan sobre cuatro ejes:

  1. Recuperación del poder adquisitivo. Planteamos un Acuerdo Plurianual que contemple la recuperación de un porcentaje importante de poder de compra y fondos adicionales para la AGE que equilibren las brechas salariales existentes, distribuidos linealmente hasta alcanzar, en total, una subida mínima de 250 € mensuales en el trienio 2018 – 2020.
  2. Empleo en su doble vertiente: creación neta de empleo y erradicar la alarmante temporalidad en algunos sectores.
  3. Restitución de la redacción original del EBEP, estableciendo la jornada máxima en 37,5 horas y reactivando la regulación de la jubilación parcial y/o anticipada para el conjunto de los emplead@s public@s.

Restitución de los derechos eliminadostemporalmente por la crisis, en especial, la Acción Social y los complementos al 100% en situación de Incapacidad Temporal.

Feb 14 2018

UGT y el resto de los sindicatos de Función Pública seguirán negociando con Hacienda durante todo el mes de febrero para tratar de llegar a un acuerdo salarial y de empleo que contemple mejoras claras para el conjunto de los empleados públicos. La jornada de 35 horas y la despenalización salarial en caso de incapacidad temporal son dos apuestas de nuestra organización. 

UGT ha participado, junto a CCOO y CSIF, en la reunión de trabajo celebrada con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, a quien ha trasladado su exigencia de avanzar en la negociación de mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos. Ha sido la primera reunión con el ministro después de que el Gobierno renunciara en el mes de septiembre  a presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Montoro se ha comprometido a no abandonar la negociación y a que, si alcanza un acuerdo con los sindicatos, este se respetará, haya nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) o se prorroguen los de 2017. El secretario general de FESP-UGT, Julio Lacuerda, ha advertido de que no debe volver a suceder lo que ocurrió durante las negociaciones del mes de septiembre, cuando el Gobierno decidió de la noche a la mañana no llevar a las Cortes el anteproyecto de PGE. "Si nos sentamos a negociar es porque, con presupuestos o con prórroga, lo que acordemos -si es que acordamos- será respetado por el Gobierno", ha precisado.

Para Julio Lacuerda, Secretario General de FeSP-UGT, el Gobierno quiere y necesita acuerdos, pero han sido los sindicatos los que le han puesto los límites. Unos límites que pasan por la recuperación del poder adquisitivo y la reversión de las decisiones unilaterales adoptadas por el Ejecutivo en materia de derechos, como las relacionadas con la jornada laboral, la Incapacidad Transitoria o la jubilación parcial, entre otras. "Si no se revierten estos recortes, no podrá haber acuerdo", ha añadido el secretario general de FeSP-UGT.

UGT, junto al resto de sindicatos, ha fijado como punto de partida de la negociación, que proseguirá el próximo día 12, la oferta presentada por el Gobierno el pasado mes de septiembre. Esa oferta, a juicio del sindicato, no garantizaba la recuperación del poder adquisitivo, y las variables que se propusieron en septiembre no sirven porque tienen que ser más garantistas. Los sindicatos han establecido los últimos días de febrero como la fecha límite para alcanzar un acuerdo, fecha que guarda relación con la intención del Gobierno de presentar los Presupuestos ante el Parlamento el mes que viene.

En la última reunión celebrada en septiembre, el Ministerio presentó una propuesta que planteaba una subida salarial del 1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 y del 2% para 2020, además de una parte variable ligada a la evolución de la economía que, si se cumplían las previsiones de crecimiento del Gobierno, supondría un 0,25% en 2018, un 0,5% en 2019 y otro 0,5% en 2020. UGT considera esas cifras un punto de partida para la nueva negociación.

El sindicato también defiende el retorno a las 37,5 horas como jornada laboral máxima, tal y como quedaba fijado en el Estatuto Básico del Empleado Público, de modo que las organizaciones sindicales puedan negociar otra jornada diferente con las Administraciones y organismos que lo consideren.

Esa medida, hacia la que el propio ministro ha mostrado una mayor flexibilidad en las últimas semanas, permitiría crear nuevos puestos de trabajo. En Andalucía, por ejemplo, una comunidad que había implantado la jornada de 35 horas hasta su anulación por el Tribunal Constitucional, esa reducción horaria podría crear, según cálculos de UGT, cerca de 15.000 nuevos empleos, una cifra similar a la que se prevé en Madrid. En otras como Baleares rondarían los 1.600, y en La Rioja se calcula que podrían crearse alrededor de 500 nuevos puestos.

Otra de las cuestiones que plantea UGT es que todos los empleados públicos perciban el 100% de su salario en los casos de incapacidad temporal, para así evitar desigualdades injustificadas entre los trabajadores. En la actualidad, y tras diversas negociaciones, hay una parte que ya se ha podido recuperar, pero la reivindicación de UGT es que se haga de forma completa y que no haya diferencias entre comunidades autónomas, Ayuntamiento y la Administración General del Estado (AGE). También ha reclamado fondos adicionales para la AGE.

Feb 14 2018

El día 12 de febrero ha tenido lugar una nueva reunión sobre el Proceso de Estabilización  de Empleo en la AGE, en desarrollo del ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO firmado el 29 de marzo de 2017.

La Administracion ha remitido documentación que actualiza la que os remitimos en la Circular 770 de 11 de diciembre de 2017. En estos cuadros informativos se aprecia un incremento considerable de los datos iniciales, especialmente en lo referente al personal interino en vacante por plazo superior a 3 años que casi se duplica.

Los cuadros contemplan la Estabilización del Empleo Temporal con una desagregación más detallada que en la Circular anterior, tal y como solicitó UGT. La información detalla la dispersión del empleo temporal por Ministerios:

En estos Cuadros están incluidos no solo personal laboral del CU sino también de otros Convenios (AEAT, CC de Puertos, Oficinas y Despachos, BOE, Patrimonio Nacional) e incluso personal Fuera de Convenio. La DGFP propone incluir las plazas del Personal Fuera de Convenio y la del Convenio de Oficinas y Despacho (ANECA – Mto de ECD) en el ámbito del Convenio Único.

En cuanto a Otro personal para este proceso de estabilización, la DGFP no ha proporcionado datos actualizados de Administración de Justicia que se cifraban en la relación entregada en diciembre en 4.569 plazas. Y en lo referente al resto de personal 495 pertenecen a Estatutarios (sanitarios y no sanitarios), 540 al personal docente dependiente de la AGE (Ceuta y Melilla) y 127 de policía Portuaria. El total de este personal es de 1.162 plazas.

En este proceso el Ministerio con mayor porcentaje de plazas a estabilizar en el ámbito del personal laboral es el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, sobre todo por los OPI’s y en especial por el CSIC. En ámbito del personal funcionario es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en especial por el SEPE, con 1.497 plazas.

Destacar que en el Ministerio de Defensa, en relación con el personal estatutario se contemplan 158 plazas (130 del Hospital Gómez Ulla de Madrid y 28 del Hospital Militar de Zaragoza).

La intención de la Administración es que, en el plazo de un mes, se pueda publicar un RD de Oferta de Empleo del proceso de estabilización lo que marcaría el punto de salida del proceso, y luego proceder a ir pactando el calendario de convocatorias.

Lo  más importante es:

·        Serán convocadas las plazas a cuerpos y escalas de personal funcionario aquellas que, aunque actualmente tengan contrato de personal laboral, realicen funciones propias de esos cuerpos.

·        Las plazas Fuera de Convenio podrían estabilizarse en el ámbito del Convenio Único.

·        El procedimiento será, en todos los casos, el de CONCURSO – OPOSICION.

UGTentiende que deben revisarse todas las situaciones administrativas que puedan ser objeto de estabilización con vistas a reducir la precariedad en el Empleo Público, y ha reiterado su petición de la realización de un Concurso previo de Provisión de Puestos de las plazas de estos procesos, tanto para el personal funcionario como para el personal laboral, con el fin de facilitar la movilidad del personal fijo actual, tal y como ya solicitamos en anteriores reuniones.

La Administración acepta nuestra propuesta para el personal funcionario y se muestra más reticente en  lo que se refiere al personal laboral, porque argumenta que este personal ya tiene normalizada la convocatoria de concursos de traslados anual. Desde UGT insistiremos en el tema ya que entendemos que muchas de esas plazas están bloqueadas y pueden ser de interés para el personal de categorías muy especiales de las Áreas 2 y 3 y, especialmente en lo que se refiere a plazas de personal de Instituciones Penitenciarias, IMSERSO y Administración de Justicia.

Feb 09 2018

Las jubilaciones anticipadas voluntarias pasan de unas 3.000 en 2008 a más de 15.000 en 2016

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT alerta de un crecimiento alarmante de las jubilaciones anticipadas entre los funcionarios pertenecientes al régimen especial de clases pasivas de la Administración General del Estado (AGE), única figura que puede acceder a ella actualmente.

Según datos del sindicato, en el año 2008, el número de funcionarios pertenecientes al régimen especial de clases pasivas que se acogieron a la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años fueron 3.050. Esta cifra subió a 15.788 en 2013, tras sufrir los empleados públicos un recorte salarial en 2010, una congelación en 2011 y la supresión de la paga extra en 2012.

El pico máximo de jubilaciones anticipadas voluntarias se alcanzó en 2013 y esta cifras se han mantenido estables desde ese ejercicio hasta 2016, año en el que el total de jubilaciones anticipadas se situó en 15.470.

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JUBILACIONES - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Pensiones Jub.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Forzosa

5.152

5.069

4.871

5.981

5.590

4.969

5.112

4.174

4.186

Voluntaria

15.470

15.102

13.562

15.788

13.972

5.647

4.253

3.429

3.050

TOTAL

20.622

20.171

18.433

21.769

19.562

10.616

9.365

7.603

7.236

Fuente: FeSP-UGT según datos Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos.

CDSDFSD

Carlos Álvarez, secretario de AGE de la FeSP-UGT argumenta que “esta situación es, en gran parte, resultado del alto grado de desmotivación manifestada que sufren las empleadas y empleados públicos de la AGE, generada por los continuos recortes, la falta de buenas perspectivas profesionales y la incertidumbres para los próximos”. El responsable sindical recuerda que los empleados de la AGE suman un 13% de perdida de poder adquisitivo y una drástica disminución en la Oferta Pública.

Estos factores se suman a la falta de implantación de la carrera profesional; la inexistencia de formación para el empleo desde hace dos años; las enormes dificultades para acceder a los procesos de promoción interna; la falta de configuración del Grupo B surgido del Estatuto Básico del Empleado Público y una gran incertidumbre sobre el futuro de las pensiones (endurecimiento de los requisitos de acceso) que padece este colectivo.

De 2010 y 2016, los jubilados y jubiladas de AGE ascienden a 120.538, al sumar jubilación anticipada voluntaria y la jubilación forzosa. En opinión del sindicato, éste es un paso más hacia la descapitalización en materia de recursos humanos de la AGE, sin que el Gobierno adopte medidas correctoras.

La situación se agravará en los próximos años. Al analizar la edad del personal de la AGE, nos encontramos con un dato dato alarmante: el 65´7% supera los 50 años de edad y, de éstos, 91.694 están en el umbral de los 60.

El Gobierno sigue sin tomar medidas que ayuden a mejorar los servicios públicos. “Hasta ahora solo se han dedicado a aumentar la temporalidad peligrosamente (interinos y temporales) y recurrir a una exagerada externalización de servicios ” denuncia Álvarez.

Según el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondiente al ños 216, se efectuaron 7.755 concesiones por un importe de casi 7.000 millones de euros.

La única medida adicional que han adoptado es la firma del Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 29 de marzo de 2017 que, aunque servirá para reducir la temporalidad existente y evitar la destrucción de más empleo público, no generará el empleo público neto necesario para rejuvenecer plantillas.