El ajuste sobre las retribuciones de los empleados públicos de la AGE no cesa. A los últimos datos publicados por la Secretaria de Estado de presupuestos y gastos del Ministerio de Hacienda (masa salarial del año 2017), nos remitimos.
Efectivamente, si analizamos la masa salarial de los seis colectivos más numerosos de la AGE (Funcionarios de la AGE, Funcionarios Organismos Autónomos, Funcionarios de la Seguridad Social, Funcionarios de la Administración de Justicia, Investigadores del CSIC, Personal laboral), nos encontramos el preocupante dato de una reducción de la masa salarial del 2´8%, tal y como se observa en el cuadro siguiente:
FUENTE: Elaboración propia, a partir de los datos suministrados por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas (Mº Hacienda y Función Pública).
¿Motivos? Fundamentalmente dos:
- Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, fijó un incremento salarial del 1% con carácter básico, totalmente insuficiente. Este dato motivó que el Capítulo I (Gastos de Personal) disminuyera el -1´6%.
- La disminución del volumen empleo público en todos los sectores y ámbitos de la AGE, como consecuencia de la tasa de reposición efectivos.
Cifras preocupantes referidas a un solo año, pero alarmantes si las agregamos a la pérdida que se produjo entre los años 2009-2016 (-9,2%), como ya tuvimos ocasión de denunciar en enero de 2018, en un informe similar.
Además, es preciso destacar otros motivos endémicos de la AGE que también lastran la masa salarial:
- Niveles salariales inferiores a los de otras Administraciones Públicas (CC.AA., Diputaciones y algunas Entidades Locales), situación que debe resolverse para evitar discriminaciones injustificadas.
- Nula implantación de la carrera profesional.
- Bloqueo del Convenio Único del personal laboral de la AGE.
- Recortes en I+D+I.
- El importante incremento de las Jubilaciones voluntarias.
- La minoración de los costes de las modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT).
- Heterogénea distribución de la productividad.
Pero, igual de preocupante, es que la masa salarial del personal laboral Directivo [1] de la AGE, en el mismo periodo de tiempo, se ha incrementado el 20´8%. Y la del personal eventual [2] de la AGE un 7´7%, como se aprecia en el cuadro siguiente:
[1] Según el artículo 13 del EBEP (Real Decreto Legislativo 55/2015), es el personal sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
[2] Conforme al artículo 12 del BEP, el que realiza funciones de confianza o asesoramiento especial, mediante nombramiento libre.
Una diferencia de trato que consideramos discriminatoria e injusta, pues quién ha gestionado, garantizado y mantenido la prestación y calidad de los servicios públicos más esenciales durante la crisis, han sido los empleados públicos (así lo atestiguan varios Informes oficiales: Defensor del Pueblo, AEVAL, INE), y no un personal con un marcado perfil político y burocrático, contratado discrecionalmente por el Gobierno de turno, cuya eficacia, en la mayoría de los supuestos, deja mucho que desear.
Desde la FeSP-UGT confiamos que el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo sirva para cambiar la situación descrita, al fijar incrementos salariales que oscilan entre el 6,9 y el 8,79% para los próximos tres años; y permitir la mayor oferta pública de empleo de la última década. Previsiones que deberían tener una continuidad en el tiempo para reversión definitiva.
No obstante, en el ámbito específico de la AGE, se precisa un esfuerzo adicional (pues existe margen presupuestario y legal al respecto), que sirva para incrementar las retribuciones y, por tanto, la masa salarial en la AGE, resumibles en:
- Desarrollo legislativo en la AGE de las previsiones del EBEP en materia retributiva.
- Homologación de retribuciones (personal funcionario-laboral).
- Concreción y desarrollo de la carrera profesional.
- Incremento de las tablas salariales de los distintos convenios colectivos de la AGE, con un salario mínimo de 1.200 euros mensuales.
En definitiva, los empleados públicos de la AGE continúan esperando que la supuesta superación de la crisis, con crecimientos del PIB cercanos al 3%, repercuta, efectivamente, en sus condiciones socioeconómicas y profesionales. La Ley 6/2018 de PGE para 2018, ofrece la suficiente cobertura para iniciar esta senda.
