Ene
14
2019
Dic
26
2018
Desarrollo del I Acuerdo de movilidad del personal funcionario
Publicado en Administración General del Estado
Finalmente, se ha cerrado el documento de las bases comunes de los concursos de traslados para la provisión de puestos de trabajo, al amparo del I Acuerdo de movilidad del personal funcionario al servicio de la AGE, publicado en BOE el 20 de noviembre de 2018 por Resolución de 16 de noviembre de 2018 de la Secretaria de Estado de Función Pública.
Respecto al primer borrador que facilitó la DGFP el viernes 14 de diciembre, presentado por la administración en la reunión del pasado 17 de diciembre, UGT envió sus propuestas.
En el nuevo documento que entregan hoy se recogen cuatro de ellas: se cambia la redacción de la Base Primera sobre Participación, de modo que figure exactamente lo mismo que aparece en el I Acuerdo de Movilidad firmado (desapareciendo la expresión “inmediatamente”) cuando alude al personal funcionario del SEPE y de FOGASA, se hace referencia a las Resultas en el contenido de las Bases Comunes y en la Base Cuarta, sobre el Baremo de Valoración, en la valoración del grado personal consolidado aparece la valoración por un grado personal inferior en un nivel del puesto al que se concursa. Asimismo, en esta misma Base Cuarta se corrige la ponderación de los criterios, de forma que en los concursos generales la Antigüedad se valora en un 25% (antes era un 20%) y los Méritos específicos un 20% (antes era un 25%). Y se añade cómo debe ser la ponderación en los concursos específicos: Antigüedad un 20% y Méritos específicos un 25%.
Respecto al resto de aportaciones de UGT, se indica lo siguiente:
- Discriminar determinados puestos de trabajo en Subdelegaciones y Delegaciones de Gobierno (Jefe de Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas, Inspector o Coordinador de Sanidad Vegetal en Agricultura y Pesca), vetándoles la posibilidad de participar en concursos de traslados, se tratará de solucionar en el ámbito de la OEP.
- UGT señala que es fundamental que en todas las convocatorias de provisión se valore la formación en cursos de PRL, sobre todo la básica de 30 horas. Ello permitirá estimular la cultura de la PRL entre el personal funcionario. Se indica desde la DGFP que eso entra más bien en el Comité de Seguridad y Salud Laboral de Función Pública que en la formación, dentro de los criterios comunes de las convocatorias, porque esa formación debe estar vinculada a las funciones del puesto de trabajo.
- En los supuestos relativos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, cuando se trata del destino previo del cónyuge funcionario y de la cónyuge funcionaria y su acreditación, UGT reclama que hay que hacer referencia explícita a las uniones de hecho. La respuesta de la DGFP es que la idea del Secretario de Estado es tratar este asunto de forma más general a principios de 2019 y no ceñirlo específicamente al ámbito de los concursos. Una vez negociado globalmente, se incorporará en las convocatorias de concurso.
- UGT también reclama definir con claridad los conceptos de “áreas funcionales”, muy en relación con la definición de puesto de trabajo y de RPT y el “mejor atención al menor”. La Subdirectora General se compromete a que estos temas irán a las próximas reuniones del grupo de trabajo. Y lo mismo con el tema de los modelos de certificaciones de méritos.
- A la propuesta de UGT de mejorar la comunicación de las Subdirecciones de Personal de las distintas Unidades en los diferentes ministerios con las Organizaciones Sindicales con objeto de poder cumplir el plazo de diez días para designar a sus miembros en la Comisión de Valoración de los concursos, la Subdirectora indica que llevarán este tema a la Comisión Superior de Personal.
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Dic
26
2018
Las retribuciones de los empleados púbicos crecerán desde el 1 de enero de 2019 el 2,25%
Publicado en Administración General del Estado
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley sobre incremento retributivo del sector público en 2019, en consonancia con los compromisos asumidos con los sindicatos en materia de función pública.
El Gobierno garantiza, con la aprobación del Real Decreto-ley que el incremento se hace efectivo desde el 1 de enero del próximo año. La subida salarial se aplica a los empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial, lo que representa que se van a incrementar las retribuciones de más de 2,5 millones de empleados públicos.
Con la subida salarial aprobada por el Consejo de Ministros se reconoce el esfuerzo que los empleados públicos hicieron para sacar a este país de la crisis, su dedicación, esfuerzo, profesionalidad y vocación de servicio público. El Gobierno cumple así el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar sus condiciones laborales y retributivas desde el primer día de 2019.
El incremento de las retribuciones para 2019 establece una subida fija del 2,25% para todos los empleados públicos, a la que hay que sumar un porcentaje variable que puede alcanzar el 0,25%, ligado a la evolución del PIB a partir de un 2,5%. Los empleados públicos contarán, además, con otro 0,25% de fondos adicionales cuyo reparto, en este caso, dependerá de la negociación de cada administración con sus organizaciones sindicales.
En el caso de la retribución variable del 0,25% para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5%, el porcentaje de retribución variable disminuirá proporcionalmente a la reducción que se produzca sobre dicho 2,5% (los porcentajes variables según el crecimiento del PIB quedan reflejados en la tabla resumen de incrementos).
Coste del incremento de las retribuciones
El coste del Real Decreto-ley en términos de variación de la remuneración de asalariados del sector público, entre los ejercicios 2019 y 2018, es de 3.625 millones de euros.
Se incluye en este coste tanto el incremento fijo (2,25%), los fondos adicionales (0,25%) y también el variable (máximo de 0,25%) cuyo importe dependerá del incremento del PIB.
Ampliación de derechos de los empleados públicos
Esta medida se une a todas las aprobadas por este Gobierno en los últimos meses en materia de función pública. Entre ellas, destacan la oferta de empleo público, la mayor de los últimos diez años y que suma en 2018 un total de 30.844 plazas, la reducción de la temporalidad en un 8%, la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas, la movilidad de funcionarias víctimas de maltrato con plenas garantías y la posibilidad de que los afectados por VIH, diabetes, celiaquía y psoriasis puedan acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las fuerzas armadas y los cuerpos de vigilancia aduanera, e instituciones penitenciarias.
Asimismo, el Gobierno trabaja para la ampliación de derechos y aumentar las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, aprobando medidas como por ejemplo, la acumulación de un 5% de las horas para atender a menores, mayores o discapacitados, y también en la recuperación de derechos, por eso ha suprimido la reducción de las retribuciones que sufrían los empleados públicos desde 2012 por incapacidad temporal.
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Dic
20
2018
UGT y CCOO reclaman la jubilación parcial anticipada en el IV CU
Publicado en Administración General del Estado
La Administración hace entrega de una propuesta conjunta de clasificación y retribuciones en la reunión de la Comisión Negociadora
UGT y CCOO – sindicatos que denunciaron el Convenio Único del personal laboral de la AGE y que conforman la mayoría sindical en este ámbito- hemos remitido a la Ministra Batet una carta en la que reclamamos el derecho al acceso a la jubilación anticipada como elemento clave para allanar el camino hacia un acuerdo definitivo, al detectar que no figura en la propuesta de texto articulado que nos ha entregado hoy la Administración.
La jubilación parcial anticipada, es una de las principales reivindicaciones de UGT y CCOO, así como uno de los anhelos de la mayoría del colectivo (el 72% mayor de 50 años).
Cabe recordar que el III C.U. contemplaba el derecho a la jubilación especial a los 64 años con contrato de relevo y sin merma retributiva, derecho que tenía una gran acogida entre el colectivo. Dicha posibilidad fue suprimida legalmente desde el 1 de enero de 2013.
Por otro lado, es necesario señalar que el acceso a la jubilación parcial, regulado en el artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social, con contrato de relevo (artículo 12 del E.T.) está recogido en la mayoría de los convenios de Comunidades Autónomas y multitud de Entes Locales.
Se produce, en consecuencia, un agravio entre el personal laboral de la AGE y el de otras Administraciones Públicas.
Cabe significar que el acceso a la jubilación parcial no sólo daría satisfacción a nuestras reivindicaciones, sino que contribuiría firmemente al necesario rejuvenecimiento de las plantillas con el consiguiente impulso al empleo y a la transmisión del conocimiento a través del contrato de relevo.
En otro orden de cosas, la Administración nos ha presentado hoy una propuesta conjunta de clasificación y retribuciones así como la aportación económica que está dispuesto a hacer el Gobierno para cerrar la negociación del IV Convenio Único, tal y como habíamos exigido UGT y CCOO en la última reunión del Grupo de Clasificación.
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