May 23 2018

 

UGT, CCOO y CSIF reclaman en Murcia + empleo público en la AGE


La progresiva pérdida de puestos de trabajo en la Administración General del Estado junto las políticas del gobierno que apuestan por la privatización de servicios, está poniendo en peligro los servicios públicos prestados por esta Administración. Buena parte de estos servicios públicos se encuentran al borde del colapso y precisan de soluciones extraordinarias respecto a la oferta de empleo público. Los acuerdos firmados para la Oferta de Empleo Público de 2017, tras el Acuerdo para la mejora del empleo público significaron un cambio de tendencia. Ahora, en el desarrollo del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de condiciones de trabajo es totalmente imprescindible continuar en esa línea de creación de empleo para garantizar los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía.

MURCIA

May 23 2018

 

UGT, CCOO Y CSIF convocan una macroconcentración el domingo 27 en Madrid por los derechos de las empleadas y los empleados públicos en la AGE


La clase trabajadora de este país, incluidas las empleadas y los empleados públicos, es la que más ha padecido los gravísimos efectos de este largo período de crisis que, tras una década de políticas erróneas de ajuste y recortes llevadas a cabo por los gobiernos, se ha visto reflejada una pérdida indecente de empleo y un deterioro inaceptable de las condiciones de trabajo. Período de crisis que está quedando atrás, como así lo vienen reconociendo los datos macroeconómicos con los porcentajes y beneficios empresariales, y las previsiones del Gobierno.

Por otro lado, estos últimos años hemos asistido a una de las más graves campañas de deslegitimación de los Servicios Públicos y del Empleo Público bajo el falso mensaje de que resultan insuficientes, costosos y anacrónicos en un entorno de creciente crisis donde las recetas aplicadas de forma reiterada (recortes) han demostrado lo infructuoso de su resultado, con efectos muy negativos para la ciudadanía y el Estado de Bienestar.

El empleo público y las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos no han sido ajenos a las políticas de recortes. Desde 2010 con el Gobierno de Zapatero, y muy especialmente desde la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno del PP, además de las leyes de presupuestos año tras año, se han perdido cerca de 350.000 puestos de trabajo, se han recortado y posteriormente congelado salarios y se han eliminado derechos conquistados en materias tan sensibles como jornadas, conciliación, igualdad, salud laboral, formación o acción social, entre otras, vulnerando reiteradamente el derecho efectivo a la negociación colectiva reconocido así en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la propia Constitución.

Así, los decretos, recortes, reformas y demás medidas del Gobierno, han vulnerado el derecho a la Negociación Colectiva en la AGE, impidiendo su capacidad para ordenar con eficacia las relaciones laborales, lo que ha generado negativas consecuencias sobre los derechos individuales y colectivos de los empleados públicos de la AGE, degradando aún más los niveles de estabilidad, volumen y calidad en el empleo.

Durante este largo período no ha habido espacios que hayan permitido, a través del diálogo social y la negociación colectiva, iniciar una etapa de recuperación de derechos en el marco de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, hasta el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público suscrito el 29 de marzo de 2017. Acuerdo que está siendo desigual en su desarrollo, y especialmente lento en la Administración del Estado.

No obstante, tras la firma del Acuerdo Administración-Sindicatos de 9 de marzo se abre un nuevo escenario de negociación en las condiciones laborales y retributivas del personal de la Administración General del Estado.

Se trata de una Administración castigada de manera especial durante los últimos años por el estricto cumplimiento por parte del gobierno de los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos - con una pérdida neta de 30.000 empleos - como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados con la excusa de la crisis.

El II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo suscrito con el Gobierno remite a la Negociación en los ámbitos específicos de múltiples materias.

UGT, CCOO y CSIF consideramos imprescindible abordar de manera urgente la negociación en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado de: la OEP-2018 para recuperar Empleo Público Neto, la eliminación de los descuentos por Incapacidad Temporal, la recuperación del carácter máximo de la Jornada Laboral, el desarrollo de la Jubilación Parcial en la AGE, entre otras materias.

Por otro lado, CCOO, CSIF y UGT exigimos el desbloqueo de:

-     La negociación del IV Convenio Único de la AGE y

-     El desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.

Adicionalmente, al Acuerdo del Sector Público, para reducir las brechas salariales existentes en la Administración General del Estado y con respecto a otras Administraciones Públicas ,CSIF, UGT y CCOO REIVINDICAMOS

  1. Un incremento lineal para todo el personal de la AGE, que sitúe el salario mínimo en 1.200€.
  2. Una dotación presupuestaria para iniciar el establecimiento de un primer tramo de Carrera Horizontal.
  3. Homologación inmediata de las retribuciones del Personal Laboral con respecto a las retribuciones mínimas de los Grupos de Personal Funcionario.

La defensa de los derechos de las empleadas y empleados públicos es una prioridad en la acción sindical de UGT, CCOO y CSIF, no sólo por el derecho que les asiste como trabajadoras y trabajadores, sino también por la necesidad de reforzar los servicios públicos, por cuanto supone para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, en términos de igualdad y cohesión social, siendo las empleadas y empleados públicos los garantes de ello.

May 23 2018


“Es el momento de repartir riqueza”

"Es el momento de repartir la riqueza; lo están pidiendo, los jubilados, las mujeres, y los trabajadores" ha afirmado el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey esta mañana en la concentración que ha tenido lugar esta mañana frente a sede de CEPYME para denunciar su falta de actitud negociadora de la patronal en el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Para ello, los sindicatos UGT y CCOO Aragón reclamado subidas salariales y han denunciado la precariedad que existente en el mercado laboral.

"No es de recibo que mientras España crece al 3%, los salarios se estén quedando por debajo del IPC" ha destacado Daniel Alastuey, quien ha explicado que los trabajadores "pierden" frente a los beneficios empresariales de dos maneras:  en el empleo- todavía falta dos millones de empleos para conseguir el mismo nivel que antes de la crisis- y a nivel salarial – desde 2008 han perdido, 8 puntos de poder adquisitivo".

En referencia al comunicado emitido ayer por la patronal, el secretario general de UGT Aragón ha señalados que "indica poca ganas de negociar" ya que se reafirman en subir salarios entre un 0 y un 2 por ciento, y solo serán superiores solo en casos muy concretos "Si es ese su único ofrecimiento, nosotros no podemos llegar a acuerdos con ellos" y ha aclarado que "Estamos pidiendo una subida base del 3, 1 por ciento, además de cláusulas de revisión salarial y un salario mínimo de mil euros en convenios colectivos sectoriales". 

La concentración de este mañana, se ha repetido en otras ciudades del país y forma parte de la campaña movilizaciones que se están desarrollando bajo el lema "#Tiempo deGanar" que reclama más igualdad, mejores salarios y pensiones, y empleo de calidad.

Durante la concentración, ocho delegados pertenecientes a sectores en conflictividad laboral han expuesto las dificultades con las que se encuentran día a día en sus empleos.

May 23 2018
  • UGT valora positivamente la enmienda del PP a los presupuestos del Estado de 2018 que permite la jubilación anticipada a la policía local

La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha valorado positivamente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentarios Popular que permitirá a la policía local jubilarse anticipadamente a los 59 años. El carácter de la medida es voluntario y supone una importante mejora social. En la actualidad, cerca de 3.200 policías tienen más de 60 años y unos 4.000 tienen entre 55 y 60.

UGT ha señalado que esta decisión responde en gran medida a las movilizaciones que el sindicato, junto a otras organizaciones del ámbito, han llevado a cabo durante varios meses. La organizacíon sindical ha destacado la intensa labor de negociación y presión que ha desarrollado durante los últimos tres años. Un trabajo que contó con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias y que permitió que, en diciembre de 2016, los gobiernos locales alcanzaran un acuerdo donde se preveía que éstos pagaran el 85% de los costes de la jubilación anticipada, los agentes un 15% y el Gobierno de España no debía pagar nada. También se acordó que el proceso se haría efectivo el 1 de julio de 2017 o como muy tarde el 1 de enero de 2018.

En espera de que se vote en los Presupuestos, el sindicato mantiene la convocatoria, realizada junto a las dos plataformas sindicales, para manifestarse mañana en Madrid y reclamar al Gobierno este derecho. En total, son cerca de de 75.000 profesionales de todo el territorio están convocados a la manifestación prevista para el día 23 de mayo en Madrid.

UGT señala que la enmienda permite desbloquear jurídicamente el proceso, aunque aún faltarían por solventar aspectos administrativos que permitan su implantación.