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Enseñanza
Feb 28 2017

Ayer, 27 de febrero, se celebró la Mesa Sectorial para ratificar el acuerdo al que se llegó en la reunión de la Comisión de Seguimiento de Oposiciones de la que os informamos la semana pasada.
El Director General de Personal recapituló el proceso de negociación que se ha mantenido hasta ahora y nos recordó la petición de la Administración de Aragón al Ministerio y la respuesta que dio éste de que no se podía convocar oposiciones sin la aprobación de presupuestos generales. También recalcó el hecho de ser los primeros en España con la planificación de OEP de 2018 y 2019.
Del mismo modo puso en valor el acuerdo alcanzado anteriormente por UGT, CSIF,CCOO, CGT con la Administración y que había supuesto una planificación en el tiempo importante para los opositores.
Desde FeSP-UGT también valoramos el acuerdo que otorga previsión y tranquilidad al opositor. Sin embargo, denunciamos la situación provocada por el Gobierno Central, producida en un momento en el que las plantillas de los centros están soportando alrededor de un tercio de interinidad, con la consiguiente inestabilidad. Hechos que afectan al profesorado y a sus condiciones y, por tanto, a la calidad de la enseñanza. FeSP-UGT hemos instado a la Administración a que a través de la Comisión Federal, de la Conferencia Sectorial, de la Subcomisión de Educación parlamentaria… se presione para negociar un Estatuto Docente que regule y mejore las condiciones del profesorado: el ingreso a la función docente, una carrera profesional, como sucede en otros ámbitos…
FeSP-UGT ratifica el actual acuerdo de Oposiciones 2018 y 2019 en cuanto a Cuerpos y Especialidades, que sigue contemplando una planificación en el tiempo y aunque sí que nos importa el “efecto llamada”, entendemos que dada la situación de las CC.AA. y el compromiso de esta Administración, éste no se producirá y que podrá mejorar respecto al número de plazas si se suprime la tasa de reposición.
El acuerdo de Oposiciones ratificado por las cinco organizaciones sindicales es el siguiente:

 Sólo aparece el nº de plazas en las especialidades que iban a convocarse en 2017 y que saldrán con las del 2018, pero no se sabe el número de plazas.

En todo caso, el objetivo prioritario tanto para los sindicatos como para la Administración es reducir la tasa de interinidad, por lo que el compromiso es aumentar el número de plazas si la tasa de reposición desaparece, tal como FeSP-UGT está exigiendo, ya que 158 plazas es el mínimo con el que se parte. Así mismo la Adminis-tración junto con los sindicatos se compromete a velar para que el resto de CC.AA. va-ya a la par en las convocatorias de los diferentes cuerpos y a ser posible especialida-des.
En otro orden de cosas, el Director General de Planificación Educativa nos avanzó que la negociación de los centros integrados se llevará a cabo en el mes de marzo, aunque sólo se tendrá en consideración la regulación de los centros de La Jota (Zaragoza) y de Ayerbe (Huesca). También serán objeto de negociación el reglamento de las Es-cuelas Oficiales de Idiomas, el Decreto de Profesores Especialistas que data de 2003, la regulación de la escolarización anticipada (alumnos de 2 años), así como la Evaluación de Bachillerato, a través de la cual favorecer la elección de idioma en igualdad de condiciones para el acceso a la universidad.

 

 

Feb 28 2017

UGT en la concentración de delegados frente al Pignatelli, presentando las reivindicaciones de mejoras laborales para el personal docente y no docente.

Feb 24 2017
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El Real Decreto-Ley 8/2010 de recortes del 5% de salarios y de la congelación retributiva para los Empleados Públicos supone el inicio de una serie de ajustes en las condiciones sociolaborales del profesorado y para nuestro sistema educativo. Siete años más tarde la acumulación de dichos recortes y la contrarreforma educativa (LOMCE) ha supuesto un gran retroceso que nos sitúa en condiciones del  siglo pasado.

El sector de Enseñanza de FeSP-UGT a modo de recordatorio expone algunas de las medidas que han generado las mayores agresiones a los trabajadores de la enseñanza y por tanto a la Educación

Menos profesorado
   
Las reducciones de plantillas, el aumento de las horas lectivas, la desaparición de programas,… han supuesto la destrucción drástica de puestos docentes (alrededor de - 35.000) y un aumento en la precariedad de los mismos.

Menos apoyos educativos

La política de recortes del Ministerio de Educación ha hecho desaparecer programas educativos que tenían una gran importancia y calado sobre todo para asegurar la igualdad de oportunidades y para la mejora del rendimiento escolar, como Educa 3, Competencia Básicas, Leer para aprender, PROA, Profundización de conocimientos, Contratos-Programas, Programa ARCE, reducción del Plan de disminución de abandono escolar temprano, entre otros. Se mantienen recortes o disminución de partidas  destinadas al apoyo, refuerzo y orientación educativa.
Las partidas destinadas a programas de Educación Compensatoria en los PGE están casi desaparecidas. La variación 2016 - 2011 es de - 92,71%, es decir 65 millones de euros menos.

Menos recursos

A los recortes de recursos humanos y educativos hay que añadir los recortes de las inversiones en infraestructuras, mobiliario y equipos para todos los niveles educativos, el descenso generalizado de los gastos de funcionamiento de los centros educativos, disminución en los gastos de personal docente y no docentes.

Menos formación permanente

La práctica desaparición de los Programas para la formación permanente del profesorado, la reducción de centros de profesores, la desaparición de licencias por estudios,…, hacen que la formación docente quede en la voluntariedad individual y con el consiguiente coste económico para el profesorado.
El gasto destinado a este programa en los PGE va disminuyendo hasta casi su desaparición, de tal forma que desde 2016 a 2011, la variación ha sido de un -93,77%   (-49,07 millones de euros).

Menos financiación

La cifra total que se ha dejado de invertir en Educación (PGE) desde 2011 es de 3.100 millones de euros. Si a esta cantidad se le añade los más de 3.000 millones adicionales que se restaron a causa de la aplicación de los RD 14/2012 y 20/2012 de medidas de racionalización del gasto público educativo y estabilidad presupuestaria, la cifra alcanza más de 6.500 millones de euros. La variación entre los presupuestos en educación del 2016 y del 2011 supone un recorte del -12,64%, es decir, 359,48 millones de euros menos que en el 2011. El porcentaje perdido desde 2010 en Educación estaría por encima del 13%. A esto hay que añadir las cantidades retraídas a los Empleados Públicos en 2010 (-5% de recortes en salarios)

Se ha pasado de un 4,9% del PIB en 2010 a un 4,1 % en 2015. Siete años de retroceso en presupuestos que nos colocan por debajo de las cantidades que se invertían en el 2005 (4,3%). Esto nos sitúa lejos de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%).

Menos Ofertas de Empleo Público

La continua reducción de la Oferta de Empleo Público que se ha venido sufriendo desde el 2011 en que la cifra de interinidad en la docencia era de 8% ha supuesto una disminución drástica de los puestos docentes (alrededor de 35.000) y un aumento en la precariedad de los empleos. Esto supone que un 25% del profesorado de enseñanzas no universitarias es interino.

Más ratios

En aplicación del RD de 2012 de medidas educativas se han incrementado las ratios en un 20%, pasando a 30 alumnos por aula en Educación Primaria, y 36 alumnos en Educación Secundaria, lo que está repercutiendo en la calidad de la enseñanza. El aumento del número de alumnos en las clases ha supuesto un retroceso de décadas en el sistema. La atención a la diversidad en el aula se ha visto perjudicada, las aulas de Infantil masificadas son más difíciles de gestionar, se han cerrado escuelas rurales, se ha dificultado la atención de los alumnos en los módulos de Formación Profesional y han aumentado los problemas de convivencia en las aulas de Bachillerato con más de 40 alumnos. Este aumento de ratio ha tenido consecuencias en la desaparición de los grupos de refuerzo, desdobles…

Más carga horaria

La aplicación del RD de 2012 reordena el tiempo de trabajo del profesorado generalizando las 37,5 h de jornada. Además regula la jornada lectiva estableciendo como mínimo 25 h. lectivas para Infantil y  Primaria y 20 h. en las restantes enseñanzas.

El incremento de carga lectiva supone menos tiempo para otras actividades como, tutorías, departamentos, coordinación, evaluación…

Peores condiciones sociolaborales

La política educativa de recortes impuestas por el gobierno han afectado sustancialmente a las condiciones de vida de los docentes:

-    Al recorte del 5% en salarios se añade la congelación de los mismos, lo que supone una gran pérdida de poder adquisitivo. Entre 2010-2016 los docentes  han dejado de percibir entre 10.000 y 16.000 euros del salario bruto (sin antigüedad) dependiendo del cuerpo al que pertenezca.

-    Se han suprimido las prestaciones económicas por baja de incapacidad temporal, de manera que no se cobra el 100% de las retribuciones durante el tiempo que se está de baja por enfermedad.

-    Se han suspendido y/o rebajado de forma generalizada la concesión o abono de cualquier ayuda en concepto de acción social, así como cualquier otra que tenga la misma naturaleza o finalidad.

-    No se cubren las bajas hasta los 15 días de su notificación

-    Eliminación y/o disminución de compensaciones económicas al profesorado itinerante, viajes y desplazamientos educativos…

-    Dificultades para la reducción de horas lectivas de mayores de 55 años

-    Se han flexibilizado las atribuciones docentes convirtiendo al profesorado en “polivalente”, obligando a impartir docencia en especialidades diferentes a la propia, lo que supone la reducción de plantillas.

-    Desplazamiento y supresiones debido a los recortes en el cupo de profesorado de los centros y a la pérdida de horas en materias que la lomce retira de los currículos como la educación plástica, la música, la filosofía, la tecnología, etc.

-    Aparecen mayores exigencias para el reconocimiento de sexenios.

-    Reducción de permisos, licencias por estudio, asuntos propios…


El sindicato considera que los trabajadores de la enseñanza ya han sufrido suficientemente el coste de las políticas de recortes del Gobierno que durante siete años han visto como se han recortado sus derechos y como han perjudicado a nuestro sistema educativo. Por tanto, para el sector de Enseñanza de FeSP-UGT existen suficientes motivos para la huelga de 9 de marzo y exige entre otras medidas


•    La derogación del RD 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativa que introdujo los mayores recortes educativos

•    La derogación de la Lomce

•    La retirada del recurso de paralización de la Lomce interpuesto por el gobierno ante el tribunal Constitucional

•    La reversión de los recortes en la Educación y en las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza

•    La negociación colectiva de todos los aspectos que afecten al profesorado

•    La participación de los agentes sociales en las negociaciones de un posible Pacto por la Educación

Feb 24 2017

El área pública de CCOO y la Federación de Empleados Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT han entregado una carta a Cristobal Montoro, Ministro de Hacienda y Función Pública, donde reiteran la necesidad, ya urgente, de convocar la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas (MGNAAPP), para abordar las condiciones laborales de los empleados públicos

La negociación  de incrementos retributivos que permitan recuperar poder adquisitivo, la oferta de empleo público, el restablecimiento del impulso a los planes de igualdad y la negociación de aspectos declarados básicos e indisponibles para ámbitos inferiores son aspectos primordiales que deben tratarse en la Mesa General de Negociación. Todo ello con el ánimo garantizar la calidad de los servicios públicos que la sociedad demanda y en el que empleadas y empleados públicos obtengamos una respuesta favorable a nuestras demandas, desde el reconocimiento de los esfuerzos para la recuperación económica. Es necesario mayor concreción y menos declaraciones, es insuficiente una declaración gubernamental de agradecimiento.

El escrito dirigido al titular de Hacienda y Administraciones Públicas recoge  temas a desarrollar en el proceso de negociación como:

El Empleo. UGT y CCOO piden la eliminación de la tasa de reposición. Incremento progresivo de plantillas conforme a evaluación de las necesidades de los servicios públicos en cada administración. OEP excepcional (356.000 plazas) que regularice la situación de plazas estructurales presupuestadas, vacantes u ocupadas por personal interino o eventual. Revisión de la normativa relativa a la función pública para adaptarla a los pronunciamientos del TJUE y atajar el abuso en la temporalidad.

Salarios. Ambas organizaciones reclaman un incremento económico en 2017 que garantice la recuperación de poder adquisitivo. Plan plurianual de recuperación de salarios perdidos desde 2010.

Derecho a la negociación colectiva. Se pide la revisión de los aspectos que, durante la crisis, se han regulado con carácter básico e indisponible para permitir la negociación efectiva en cada uno de los ámbitos (jornada. Incapacidad Temporal, permisos y licencias, etc. También reivindican un calendario estable de negociación en el ámbito de la MGNAAPP.

La Recuperación de los derechos sindicales y de negociación, recortados por la situación excepcional de crisis; mejorar y profundización de los derechos de información de los RRTT o la creación de la Mesa deNegociación de Universidades, son parte de las propuestas que UGT y CCOO incorporan en la carta dirigida a Montoro.

Frederic Monell, portavoz de UGT en este acto frente al Ministerio de Hacienda, ha afirmado que "desde el mes de octubre llevamos diciéndole al ministro que estamos dispuestos a sentarnos a negociar las condiciones de los empleados públicos. Esto coincide con la repetición desde fuentes del Gobierno de que nuestro país está a la cabeza de la recuperación económica. Nos parece lógico por tanto empezar la recuperar los derechos que tienen que ver con salarios, incapacidad temporal, jornada de 35 horas etc."

Asímismo ha señalado que las Comunidades Autónomas y las entidades locales necesitan llevar a cabo sus propios procesos de negociación. "No se entiende que en uno de los estados más descentralizados del mundo el Gobierno central imponga a los trabajadores de los ayuntamiento unas condiciones determinadas de trabajo"