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Jose Luis Rubio

Jose Luis Rubio

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Sep 05 2018

UGT demanda que se haga efectiva la reversión de los recortes educativos y el impulso del dialogo social

El curso escolar que comienza está marcado por la llegada de un nuevo equipo ministerial que tiene en sus manos la posibilidad de revertir las medidas y los recortes introducidos por los gobiernos el PP. Sus principales líneas de actuación fueron dadas a conocer por la Ministra en la reunión mantenida con los sindicatos el pasado mes de julio. Entre sus prioridades están la de impulsar la Formación Profesional, reducir la tasa de abandono escolar temprano al 15 % para el 2020, la modificación de los puntos más controvertidos de la LOMCE así como la retirada de aquellos aspectos que más han dañado la Educación con la aplicación del RD 14/2012.

En este inicio de curso, el nuevo ejecutivo ha de hacer frente a la persistencia de recortes que desde el 2012 sufren 700.000 docentesy unos ocho millones de alumnos/as, puesto que el incremento del 3% en los PGE para Educación sigue siendo insuficiente, debido a la acumulación de pérdidas de los últimos diez años. Solo el 0,7% del total presupuestario del Estado va dirigido a Educación, por lo que debería ser una prioridad del Gobierno el incremento de esta partida, -que en España está actualmente en un 3,7 % con respecto al PIB, lejos del 5,3% de la media de la UE-.

Tal y como viene sucediendo en los últimos años, las noticias escolares de inicio de curso corroboran las deficiencias que sufre la educación: obras sin finalizar, disminución de recursos para el funcionamiento de los centros, falta de inversión en infraestructuras y materiales escolares, plantillas incompletas, retraso en la cobertura de las sustituciones, recortes de proyectos de atención a la diversidad,… son solo una pequeña muestra de las medidas de ajuste a las que se está sometiendo al sistema educativo y al funcionamiento de los centros año tras año.

No hay que olvidar, además, que en los últimos años ha disminuido paulatinamente el número de docentes -alrededor de 25.000 en la enseñanza pública-, debido a la reducción de plantillas en los centros.

El Sector de Enseñanza de UGT valora la receptividad del departamento ministerial ante las reivindicaciones presentadas por nuestro sector en la reunión mantenida en julio. Entre nuestras propuestas se encuentra la retirada del RD 14/2012 y con urgencia los artículos más dañinos del mismo, priorizando el relativo a la reducción de las horas lectivas del profesorado y las ratios y la eliminación de las limitaciones de sustituciones. Desde el sindicato, se esperaba que estas reversiones tuvieran carácter de norma básica, es decir, que fueran aplicadas de forma general para todos los docentes del Estado (tal como se hizo con la implantación de los recortes), pero su aplicación va a depender de las CCAA. También alerta de las posibles dificultades y desigualdades que generará este hecho, como puede ser que en algunos casos no tengan efecto hasta el curso 2019-2020.

Por otro lado, FeSP-UGT espera que los responsables ministeriales aborden seriamente la necesidad de negociar un nuevo sistema de acceso e ingreso a los cuerpos docentes de tal forma que el profesorado pueda demostrar tanto sus conocimientos como sus competencias pedagógicas, sobre todo tras la firma del Acuerdo de estabilidad para el empleo público que ha permitido una amplia oferta de plazas en los cuerpos docentes.

Todo esto dentro de un marco más amplio donde se debata y elabore un Estatuto de la Función Pública Docente que recoja el desarrollo de una adecuada carrera profesional que contribuya a la dignificación de la profesión.

FeSP-UGT sostiene que ha llegado el momento de la negociación colectiva en la Enseñanza Concertada. Tras 7 años de Gobierno del PP sin convocar la Mesa sectorial, el Gobierno  tiene la oportunidad de convocarla y empezar un verdadero proceso negociador donde las organizaciones legitimadas puedan exponer sus demandas. FeSP-UGT por su parte, seguirá reivindicando la negociación de un nuevo Real Decreto de Conciertos adaptado a la nueva realidad social que sustituya al vigente que data de 1985. Asimismo, parece el momento de negociar en dicha Mesa de negociación aspectos importantes para la Enseñanza Concertada como  la homologación, las plantillas de los centros, el pago delegado para todos los trabajadores, medidas que favorezcan la jubilación parcial o la mesa de estudio de los módulos de conciertos establecida en la disposición Adicional vigésimo novena de la LOE.

En este comienzo de curso apelamos a la responsabilidad política y recordamos que hubo un compromiso parlamentario para la derogación de la LOMCE que es necesario hacer efectivo para dar estabilidad a nuestro sistema educativo.

Tras numerosos principios de año escolar marcados por el estancamiento, la falta de coordinación y planificación, de falta de diálogo,… FeSP-UGT espera que en este inicio de curso refleje voluntad política para dinamizar, coordinar y cohesionar las políticas educativas de nuestro país. Instamos al Gobierno a que el diálogo social sea el protagonista para discutir propuestas y llegar a acuerdos, abriendo así la negociación colectiva para el sector docente.

Sep 05 2018

UGT demanda que se haga efectiva la reversión de los recortes educativos y el impulso del dialogo social

El curso escolar que comienza está marcado por la llegada de un nuevo equipo ministerial que tiene en sus manos la posibilidad de revertir las medidas y los recortes introducidos por los gobiernos el PP. Sus principales líneas de actuación fueron dadas a conocer por la Ministra en la reunión mantenida con los sindicatos el pasado mes de julio. Entre sus prioridades están la de impulsar la Formación Profesional, reducir la tasa de abandono escolar temprano al 15 % para el 2020, la modificación de los puntos más controvertidos de la LOMCE así como la retirada de aquellos aspectos que más han dañado la Educación con la aplicación del RD 14/2012.

En este inicio de curso, el nuevo ejecutivo ha de hacer frente a la persistencia de recortes que desde el 2012 sufren 700.000 docentesy unos ocho millones de alumnos/as, puesto que el incremento del 3% en los PGE para Educación sigue siendo insuficiente, debido a la acumulación de pérdidas de los últimos diez años. Solo el 0,7% del total presupuestario del Estado va dirigido a Educación, por lo que debería ser una prioridad del Gobierno el incremento de esta partida, -que en España está actualmente en un 3,7 % con respecto al PIB, lejos del 5,3% de la media de la UE-.

Tal y como viene sucediendo en los últimos años, las noticias escolares de inicio de curso corroboran las deficiencias que sufre la educación: obras sin finalizar, disminución de recursos para el funcionamiento de los centros, falta de inversión en infraestructuras y materiales escolares, plantillas incompletas, retraso en la cobertura de las sustituciones, recortes de proyectos de atención a la diversidad,… son solo una pequeña muestra de las medidas de ajuste a las que se está sometiendo al sistema educativo y al funcionamiento de los centros año tras año.

No hay que olvidar, además, que en los últimos años ha disminuido paulatinamente el número de docentes -alrededor de 25.000 en la enseñanza pública-, debido a la reducción de plantillas en los centros.

El Sector de Enseñanza de UGT valora la receptividad del departamento ministerial ante las reivindicaciones presentadas por nuestro sector en la reunión mantenida en julio. Entre nuestras propuestas se encuentra la retirada del RD 14/2012 y con urgencia los artículos más dañinos del mismo, priorizando el relativo a la reducción de las horas lectivas del profesorado y las ratios y la eliminación de las limitaciones de sustituciones. Desde el sindicato, se esperaba que estas reversiones tuvieran carácter de norma básica, es decir, que fueran aplicadas de forma general para todos los docentes del Estado (tal como se hizo con la implantación de los recortes), pero su aplicación va a depender de las CCAA. También alerta de las posibles dificultades y desigualdades que generará este hecho, como puede ser que en algunos casos no tengan efecto hasta el curso 2019-2020.

Por otro lado, FeSP-UGT espera que los responsables ministeriales aborden seriamente la necesidad de negociar un nuevo sistema de acceso e ingreso a los cuerpos docentes de tal forma que el profesorado pueda demostrar tanto sus conocimientos como sus competencias pedagógicas, sobre todo tras la firma del Acuerdo de estabilidad para el empleo público que ha permitido una amplia oferta de plazas en los cuerpos docentes.

Todo esto dentro de un marco más amplio donde se debata y elabore un Estatuto de la Función Pública Docente que recoja el desarrollo de una adecuada carrera profesional que contribuya a la dignificación de la profesión.

FeSP-UGT sostiene que ha llegado el momento de la negociación colectiva en la Enseñanza Concertada. Tras 7 años de Gobierno del PP sin convocar la Mesa sectorial, el Gobierno  tiene la oportunidad de convocarla y empezar un verdadero proceso negociador donde las organizaciones legitimadas puedan exponer sus demandas. FeSP-UGT por su parte, seguirá reivindicando la negociación de un nuevo Real Decreto de Conciertos adaptado a la nueva realidad social que sustituya al vigente que data de 1985. Asimismo, parece el momento de negociar en dicha Mesa de negociación aspectos importantes para la Enseñanza Concertada como  la homologación, las plantillas de los centros, el pago delegado para todos los trabajadores, medidas que favorezcan la jubilación parcial o la mesa de estudio de los módulos de conciertos establecida en la disposición Adicional vigésimo novena de la LOE.

En este comienzo de curso apelamos a la responsabilidad política y recordamos que hubo un compromiso parlamentario para la derogación de la LOMCE que es necesario hacer efectivo para dar estabilidad a nuestro sistema educativo.

Tras numerosos principios de año escolar marcados por el estancamiento, la falta de coordinación y planificación, de falta de diálogo,… FeSP-UGT espera que en este inicio de curso refleje voluntad política para dinamizar, coordinar y cohesionar las políticas educativas de nuestro país. Instamos al Gobierno a que el diálogo social sea el protagonista para discutir propuestas y llegar a acuerdos, abriendo así la negociación colectiva para el sector docente.

Ago 30 2018

Favorecería la empleabilidad, la competitividad y el crecimiento económico


 
► Es necesario potenciar una de formación profesional dual de calidad y dotarla de financiación suficiente para convertirla en un instrumento que favorezca la competitividad y el crecimiento económico.

► La formación dual debe dar respuesta a los problemas de cualificación y empleabilidad en la sociedad y, especialmente, entre los jóvenes.

► La modalidad de FP Dual vinculada a contrato de formación y aprendizaje podría beneficiar a cerca de 1,8 millones de jóvenes entre 16 y 29 años

Según datos de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2017, durante el curso 2016-2017 la matriculación en proyectos de formación dual alcanzó los 24.000 alumnos, una cifra que supone un aumento llamativo con respecto al ejercicio 2014 en el que se matricularon 9.555 personas.
 
Además, según la EPA del Segundo trimestre de 2018, la modalidad de FP Dual vinculada a contrato de formación y aprendizaje podría beneficiar a cerca de 1,8 millones de jóvenes entre 16 y 29 años que actualmente no disponen de cualificación profesional.
 
La Unión General de Trabajadores defiende la necesaria revisión de este modelo de formación para que se convierta en un instrumento eficaz y de calidad de los procesos de aprendizaje en centros de trabajo, favoreciendo de este modo el desarrollo de las competencias y la empleabilidad de los trabajadores.
 
El sindicato siempre ha defendido una política de formación profesional consecuente con aquellas medidas que favorezcan no solo la capacitación profesional de todas las personas trabajadoras, sino también, con aquellas que posibiliten las condiciones más adecuadas para el acceso y el mantenimiento del empleo. Por ello, los procesos de formación y aprendizaje que agilicen la transición de los sistemas de educación y formación al mercado de trabajo siempre serán bienvenidos.
 
En este sentido, UGT valora las declaraciones que recientemente ha efectuado la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, reconociendo la necesidad de realizar ajustes en el sistema de formación profesional dual, el cual debe continuar perfeccionándose y evolucionando.
 
Efectivamente, en consonancia con las mejoras prácticas de nuestro entorno europeo, necesitamos implementar en nuestro país una política de formación profesional dual que garantice las condiciones mínimas de calidad, seguridad jurídica y prestación social, que conviertan a este modelo de formación, en una alternativa atractiva, no solo para nuestros jóvenes, sino para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que participen en procesos de aprendizaje en la empresa, en la mejora de sus competencias y la obtención de cualificaciones profesionales, favoreciendo, de esta forma, la empleabilidad y el crecimiento económico de nuestras empresas.
 
Compromiso de UGT con la FP Dual
 
El 31 de enero del presente año, UGT firmó el convenio marco de colaboración con la Alianza para la Formación Profesional Dual, una red estatal de empresas, centros e instituciones comprometidas con el desarrollo de la formación profesional dual en España, impulsada por la Fundación Bertelsmann.
 
Del mismo modo, y en este mismo año, el sindicato ingresó en la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, una plataforma coordinada desde la Comisión Europea que reúne a gobiernos, centros de formación, cámaras de comercio, empresas e interlocutores sociales, interesada en fortalecer la calidad, la oferta, la movilidad y la imagen de la formación de aprendices en Europa.
 
A través de estas iniciativas, la Unión General de Trabajadores muestra su compromiso en avanzar en la concepción, diseño y puesta en práctica de aquellas medidas que mejor contribuyan a la implantación de una política de formación profesional dual de calidad en nuestro país.
 
Concretamente, un modelo de formación profesional dual que supere los tradicionales enfoques administrativos de educación y de empleo y que dé respuesta a los verdaderos problemas de cualificación y empleabilidad que demanda nuestra sociedad y, especialmente nuestros los jóvenes y que logre la integración del programa de formación profesional dual al más alto nivel estratégico en la empresa; la celebración de un contrato de trabajo y la remuneración de los aprendices; la asignación de una persona tutora a cada aprendiz —o grupo de aprendices— y la formación adecuada para que ésta pueda desarrollar su función correctamente, la dedicación del tiempo suficiente a la coordinación e impulso del programa junto con el centro educativo.
 
Además, es necesario que la formación dual descanse en un modelo de financiación suficiente por parte de los poderes públicos y las empresas; se apoye en mecanismos irrenunciables como son los derechos y garantías que asisten al aprendiz —alumnado-trabajador—; la orientación, la información y asesoramiento y que, finalmente, cuente con rigurosos sistemas de evaluación que permitan valorar la eficacia y eficiencia del modelo.
 
De este modo, el sindicato espera que las palabras de la Ministra Celaá y su voluntad de celebrar un diálogo fructífero con los agentes sociales y los centros educativos, contribuyan a la modernización de la formación profesional y la establezcan como una prioridad estratégica alineada con el crecimiento económico, la competitividad y, en consecuencia, con la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
 
Ago 30 2018

Favorecería la empleabilidad, la competitividad y el crecimiento económico


 
► Es necesario potenciar una de formación profesional dual de calidad y dotarla de financiación suficiente para convertirla en un instrumento que favorezca la competitividad y el crecimiento económico.

► La formación dual debe dar respuesta a los problemas de cualificación y empleabilidad en la sociedad y, especialmente, entre los jóvenes.

► La modalidad de FP Dual vinculada a contrato de formación y aprendizaje podría beneficiar a cerca de 1,8 millones de jóvenes entre 16 y 29 años

Según datos de la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2017, durante el curso 2016-2017 la matriculación en proyectos de formación dual alcanzó los 24.000 alumnos, una cifra que supone un aumento llamativo con respecto al ejercicio 2014 en el que se matricularon 9.555 personas.
 
Además, según la EPA del Segundo trimestre de 2018, la modalidad de FP Dual vinculada a contrato de formación y aprendizaje podría beneficiar a cerca de 1,8 millones de jóvenes entre 16 y 29 años que actualmente no disponen de cualificación profesional.
 
La Unión General de Trabajadores defiende la necesaria revisión de este modelo de formación para que se convierta en un instrumento eficaz y de calidad de los procesos de aprendizaje en centros de trabajo, favoreciendo de este modo el desarrollo de las competencias y la empleabilidad de los trabajadores.
 
El sindicato siempre ha defendido una política de formación profesional consecuente con aquellas medidas que favorezcan no solo la capacitación profesional de todas las personas trabajadoras, sino también, con aquellas que posibiliten las condiciones más adecuadas para el acceso y el mantenimiento del empleo. Por ello, los procesos de formación y aprendizaje que agilicen la transición de los sistemas de educación y formación al mercado de trabajo siempre serán bienvenidos.
 
En este sentido, UGT valora las declaraciones que recientemente ha efectuado la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, reconociendo la necesidad de realizar ajustes en el sistema de formación profesional dual, el cual debe continuar perfeccionándose y evolucionando.
 
Efectivamente, en consonancia con las mejoras prácticas de nuestro entorno europeo, necesitamos implementar en nuestro país una política de formación profesional dual que garantice las condiciones mínimas de calidad, seguridad jurídica y prestación social, que conviertan a este modelo de formación, en una alternativa atractiva, no solo para nuestros jóvenes, sino para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que participen en procesos de aprendizaje en la empresa, en la mejora de sus competencias y la obtención de cualificaciones profesionales, favoreciendo, de esta forma, la empleabilidad y el crecimiento económico de nuestras empresas.
 
Compromiso de UGT con la FP Dual
 
El 31 de enero del presente año, UGT firmó el convenio marco de colaboración con la Alianza para la Formación Profesional Dual, una red estatal de empresas, centros e instituciones comprometidas con el desarrollo de la formación profesional dual en España, impulsada por la Fundación Bertelsmann.
 
Del mismo modo, y en este mismo año, el sindicato ingresó en la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, una plataforma coordinada desde la Comisión Europea que reúne a gobiernos, centros de formación, cámaras de comercio, empresas e interlocutores sociales, interesada en fortalecer la calidad, la oferta, la movilidad y la imagen de la formación de aprendices en Europa.
 
A través de estas iniciativas, la Unión General de Trabajadores muestra su compromiso en avanzar en la concepción, diseño y puesta en práctica de aquellas medidas que mejor contribuyan a la implantación de una política de formación profesional dual de calidad en nuestro país.
 
Concretamente, un modelo de formación profesional dual que supere los tradicionales enfoques administrativos de educación y de empleo y que dé respuesta a los verdaderos problemas de cualificación y empleabilidad que demanda nuestra sociedad y, especialmente nuestros los jóvenes y que logre la integración del programa de formación profesional dual al más alto nivel estratégico en la empresa; la celebración de un contrato de trabajo y la remuneración de los aprendices; la asignación de una persona tutora a cada aprendiz —o grupo de aprendices— y la formación adecuada para que ésta pueda desarrollar su función correctamente, la dedicación del tiempo suficiente a la coordinación e impulso del programa junto con el centro educativo.
 
Además, es necesario que la formación dual descanse en un modelo de financiación suficiente por parte de los poderes públicos y las empresas; se apoye en mecanismos irrenunciables como son los derechos y garantías que asisten al aprendiz —alumnado-trabajador—; la orientación, la información y asesoramiento y que, finalmente, cuente con rigurosos sistemas de evaluación que permitan valorar la eficacia y eficiencia del modelo.
 
De este modo, el sindicato espera que las palabras de la Ministra Celaá y su voluntad de celebrar un diálogo fructífero con los agentes sociales y los centros educativos, contribuyan a la modernización de la formación profesional y la establezcan como una prioridad estratégica alineada con el crecimiento económico, la competitividad y, en consecuencia, con la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
 
Ago 24 2018

En el BOE del 14 de agosto, han salido publicadas las tablas salariales para el año 2018 del VI Convenio Colectivo de empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

 

Ago 24 2018

RELATIVIZAR EL TIEMPO ES RELATIVIZAR EL SERVICIO PÚBLICO.

“El Gobierno de Aragón tiene la intención de relativizar el tiempo de respuesta de los Servicios de Bomberos en Aragón para ahorrar costes económicos”.

Propuestas para prevención y extinción de incendios y salvamento

La FeSP de la UGT de Aragón manifiesta, en relación con la propuesta de modificación del Decreto 158/2014 de 6 de octubre del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo siguiente:

Que, como redactan ustedes en el texto de propuesta a la modificación, en estos momentos es preciso revisar alguno de los aspectos del articulado, refiriendo en singular directamente a un único artículo, concretamente al número 8, “Tiempos de atención”, lo que entendemos por la isocrona o tiempo máximo de respuesta en la Emergencia de tener el objetivo en la atención a las emergencias en la isocrona de 35 minutos, y no con el texto que proponen, que permita la atención al ciudadano en el menor tiempo posible y siempre dentro de un tiempo de intervención aproximado de 35 minutos.

El desacuerdo del sindicato UGT con la propuesta de modificación del artículo 8. Tiempos de atención, es la siguiente:

No se puede solventar un problema estructural de carencia de medios humanos y materiales para cohesionar la homogeinización y la proporcionalidad en la respuesta ante la emergencia de los Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad autónoma de Aragón retocando los tiempos de atención con la sutileza relativista de aproximado, en el que cabe el concepto de obtener un resultado tan cercano a lo exacto (los taxativos 35 minutos de la isocrona) como sea necesario para un propósito determinado que se acerque más o menos a lo exacto, con el consiguiente ahorro de asignaciones presupuestarias que paliarían las carencias manifiestas de, como dicen ustedes en el texto propuesto, “dar fiel reflejo de la realidad que opera hoy en día, con la particular orografía de nuestra Comunidad Autónoma, que determina el tiempo de respuesta ante cualquier situación de emergencia. Y en el que debe de ser matizada la redacción, respecto a la garantía del tiempo máximo de intervención, con objeto de ajustar el mismo a la realidad de las dotaciones de recursos humanos y materiales con los que se cuenta en todo el territorio aragonés”.

La intención, así justificada, es la de enmascarar la realidad que perciben en esta materia ante la falta de medios idóneos estimados para vertebrar el territorio acorde a la Ley 1/2013, de 7 de marzo del Gobierno de Aragón, gestionado la ubicuidad relativa del tiempo de respuesta ante la emergencia por la falta de gestión económico administrativa que requeriría una Comunidad Autónoma aspirante a la modernidad como la aragonesa, tan prometedora en palabras gobernantes como sutiles ante el cierzo.

La responsabilidad siempre la tendrá el gobernante alternante, y el derecho de reclamo lo tienen los gobernados, aquellos que mantienen el sistema con sus impuestos y quieren unos Servicios Públicos de calidad, que no dilaten el tiempo en la resolución de sus problemas ante heridos, quemados, atrapados en sus vehículos o en sus viviendas en espera de que el ajuste a esa fiel realidad se demore porque la aproximación dilate más de lo deseado, pudiendo ser que sea la ciudadanía la que pague en costes humanos y materiales sufriendo la relativa demora.

 

Ago 12 2018

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El papel de la organización en el diseño de un nuevo contrato social en un mundo cada día más global y complejo

UGT cumple 130 años en un momento crítico para el devenir de nuestra sociedad. Vivimos tiempos en los que es preciso crear empleo y afianzar la recuperación económica, en beneficio de todos. En este marco resulta indispensable que los principales actores sociales (administraciones públicas, empresas y organizaciones sindicales) sumen fuerzas para garantizar una respuesta coordinada ante los retos que ha de afrontar nuestro país.

Peligros como el desempleo, la precariedad laboral, la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y el riesgo de pobreza hacen que UGT y el resto de los sindicatos adquieran especial relevancia, en un entorno de complejidad creciente.

La globalización del capital y de los procesos productivos, la creciente relevancia política y económica de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (los llamados ‘BRICS’ por la suma de sus iniciales) y el intenso desarrollo de las tecnologías de la información definen una nueva situación. El terreno de la responsabilidad social y las medidas de austeridad económica que han aplicado las administraciones modifican el rol que han tenido las empresas históricamente.

Nos enfrentamos al reto de proteger y extender el estado del bienestar y el modelo social europeo que tanto ha costado implantar en España. Y en esta tarea, a la Unión General de Trabajadores le corresponde un rol decisivo, reivindicando y trabajando para la negociación de un nuevo contrato social para el presente y el futuro.

En lo que al sector público se refiere, el pasado mes de julio se cerró con un buena noticia: el Gobierno socialista anunció una oferta de empleo público en la Administración del Estado de 10.501 plazas del turno libre con el objetivo paliar la pérdida de 8.009 efectivos durante 2017. Las movilizaciones de UGT durante mayo y junio pretendían elevar la voz de los funcionarios, que han visto aumentar su carga de trabajo perdiendo además poder adquisitivo año tras año.

Pero las reivindicaciones no han sido en vano. Todo parece indicar que comienzan a revertirse todos aquellos aspectos que con el decreto del PP de 2012 supusieron para los empleados públicos una pérdida injusta de los derechos que se habían conquistado los años anteriores.

El reto a corto plazo para los más de dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras públicos de nuestro país es recuperar calidad de vida a través de una mejora de sus condiciones laborales y salariales. Unos sindicatos fuertes y un Gobierno proclive a la Negociación son los garantes de que estas condiciones se cumplan. El II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo firmado el pasado marzo con el Gobierno anterior espera ser desarrollado en cada uno de sus ámbitos (local, autonómico…) en virtud de la necesaria negociación colectiva constante con los agentes sociales, legítimos representantes de los trabajadores. La reducción de la temporalidad en sectores como la educación y la enseñanza constituyen uno de los grandes retos aún pendientes. La conciliación de la vida laboral y personal, la jubilación anticipada y parcial de policías, bomberos y agentes forestales, el desarrollo de la carrera profesional, la erradicación de la brecha salarial de género y garantizar las condiciones de los trabajadores sujetos a contratos públicos a través de empresas privadas son aspectos esenciales que el Acuerdo contempla y habrá que cumplir sin demora.

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Jul 06 2018

Firmado el IV AENC 2018-2020

Firmado el IV AENC 2018-2020

Firmado el IV AENC 2018-2020

Se inicia el camino de la recuperación de derechos laborales, salariales y sociales

Se inicia el camino de la recuperación de derechos laborales, salariales y sociales

Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y los presidentes de CEOE y CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, han firmado en el día de hoy el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020 en un acto público en la sede del Consejo Económico y Social de España (CES).

Un acuerdo que, para Pepe Álvarez, “inicia un camino nuevo que nos tiene que llevar a la recuperación real, para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, de los salarios y de los derechos laborales y sociales en este país”.

“Este acuerdo viene después de un periodo largo sin consensos”, ha señalado, “que es fruto de una negociación muy tensa, larga, dura y difícil, pero que finalmente sitúa los que tienen que ser los elementos básicos que han de regir las relaciones laborales en los próximos tres años en nuestro país. De esta forma, recuperamos el diálogo social como instrumento fundamental de la solución de los conflictos laborales y de lo que han de ser las bases del sistema de relaciones laborales”.

El Secretario General de UGT, que se ha mostrado “satisfecho” con las conclusiones del acuerdo, ha recordado que el texto se ha ratificado por “casi el 93%” de nuestros afiliados y afiliadas “porque representa un paso para empezar a recuperar la riqueza que se está generando en nuestro país. Es un acuerdo que, situando el salario mínimo por convenio en 2020 en 1.000 euros, nos va a posibilitar que aquellas personas que más poder adquisitivo han perdido durante los años de crisis lo puedan empezar a recuperar, especialmente las mujeres y los jóvenes”.  

En este sentido, ha considerado que “si la economía crece, los salarios tienen que crecer también. Introduce elementos que son importantes, como son trasladar a los salarios la productividad y la propia cuenta de resultados de las empresas, sobre todo de aquellas en las que es más difícil poder medir la productividad, como es el caso de las empresas de servicios”.

Impulsar ahora el diálogo social tripartito, incluyendo a los grupos parlamentarios

Además, Pepe Álvarez ha afirmado que “abre la puerta a lo que tiene que ser el diálogo tripartito, que nos gustaría que cuente también con un amplio consenso parlamentario, por lo que invitamos a los grupos políticos a poder trabajar de manera conjunta para que sea posible que los acuerdos a los que lleguemos cuenten con un amplio soporte parlamentario”.

Para Álvarez, “tenemos una ocasión única. Las normas que duran son las que son fruto del consenso, y nos apuntamos a poder ser un ejemplo en este periodo para que el consenso presida las reformas que se tengan que producir en relación con el mercado de trabajo y las relaciones laborales. Un país sólido, competitivo, tecnológicamente avanzado y que produce con alto valor añadido es un país que tiene unas bases de relaciones laborales sólidas y que cuentan el convencimiento y el trabajo común de trabajadores y empresarios”.

“Somos plenamente conscientes de que hay retos muy importantes que desarrollar”, ha manifestado. “El día 8 de marzo, millones de mujeres gritaron, junto a millones de hombres, la necesidad de entrar en una nueva dinámica en la que acabemos con la discriminación laboral y social, la brecha salarial, el acoso o la violencia de género”.  

Además, “tenemos un reto que es darle salida laboral a los jóvenes. El acuerdo contempla elementos tan importantes como la recuperación del contrato de relevo, fundamental para recuperar el empleo y renovar las plantillas”.

Por todo ello, ha señalado que “encaramos esta etapa con ilusión, con esperanza de que, finalmente, la recuperación, que lleva tres años en las cuentas de resultados de las empresas, llegue de manera real a los bolsillos de las familias y los trabajadores y trabajadoras, y que esta etapa nos permita la recuperación de derechos laborales, sociales y de las plenas libertades por lo que hace referencia al ejercicio de la acción sindical”.