Jose Luis Rubio

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Ene 20 2021

UGT y CCOO convocan movilizaciones el 11 de febrero en todo el país para exigir el impulso de las políticas necesarias para resolver los problemas de las personas


Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han presentado en el día de hoy el calendario de actos y movilizaciones que tendrán lugar el 11 de febrero ante las Delegaciones de Gobierno de todas las provincias de nuestro país, bajo el lema “Ahora Sí Toca”, en el objetivo de que el Gobierno impulse todas las mesas de negociación que están paradas y solventar los problemas de las personas.

Movilizaciones que, como ha indicado Pepe Álvarez, “se realizarán con todas las medidas de seguridad y salud necesarias para que las personas reclamen al Ejecutivo la necesidad de aprobar una serie de medidas que son imprescindibles para salir de la crisis económica en la que nos encontramos”.

Medidas “que el Gobierno ya tenía comprometidas en su programa electoral y, de manera específica, con los sindicatos en las mesas de negociación que se tuvieron que parar en marzo como consecuencia de la pandemia, y que tienen tres patas fundamentales: la subida del SMI, la derogación de las reformas laborales y la derogación de la reforma de pensiones de 2013”.  

No hay razones para no subir el SMI

En relación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha señalado que “congelarlo solo perjudica a las personas que menos tienen. Reclamamos un debate real sobre esta cuestión, en el que no se introduzcan elementos que no corresponden con la realidad. Ni la hostelería, ni el comercio ni el sector servicios estarán afectados por esta subida. Sí lo estará la agricultura o una parte de servicios públicos también…no hay razones objetivas para no subir el SMI. En otros países de Europa sí se ha subido, a pesar de que también están viviendo una situación de crisis”. 

Por ello, ha manifestado que “los sindicatos no vamos a mirar a otro lado ante una situación de emergencia social. Nunca se ha visto a tanta gente dormir en las calles. Personas que han perdido todo durante esta crisis. Hay que poner en marcha políticas frente a ello. El Ingreso Mínimo Vital es también un elemento fundamental para esta cuestión, pero tiene que llegar a las personas”.

Derogar las reformas laborales y crear empleos decentes y con derechos

Pepe Álvarez ha reclamado también la derogación de las reformas laborales “de manera inmediata. Tenemos que volver al estado de las negociaciones de marzo y abordar la derogación, por lo menos, de los aspectos fundamentales de estas reformas”.

En este sentido, ha considerado “fundamental sustituirlos por nuevos elementos para superar los problemas feroces de nuestro mercado de trabajo, dejar atrás la temporalidad y la precariedad y volver a crear empleo digno, decente y con derechos. Es imprescindible que se vuelva a reanudar esta mesa”.

La base para la reforma de las pensiones tiene que ser el acuerdo de 2011

En relación a las pensiones, ha reclamado “derogar la reforma de 2013 y volver al acuerdo de 2011. La concertación en las pensiones es volver a ese acuerdo, sin condicionantes. La Seguridad Social tiene un problema de ingresos, no de gastos. Gastamos menos que Alemania, Italia o Francia”. 

Para el Secretario General de UGT, “esa es la base sobre la que se tiene que producir la negociación de un nuevo acuerdo. No vamos a permitir que haya un tercero en la negociación, que haya condicionantes externos al Gobierno y los agentes sociales. La Unión Europea no puede ser una excusa para recortar las pensiones presentes y futuras”. 

Además, respecto a las propuestas de modificación del sistema de pensiones que aparecen continuamente en los medios de comunicación, ha afirmado que “para nada son cuestiones que estén en la mesa de negociación. Nos gustaría que el Gobierno cumpla su compromiso con nosotros, que derogue la reforma de 2013 y llegue a un acuerdo a partir del consenso de 2011”.

#AhoraSíToca no dejar a nadie atrás

Para Pepe Álvarez, “el Gobierno no puede permitir que se quede nadie atrás. Ahora intenta abrir un proceso de negociación que tenga como base la actual situación económica. Es decir, en plena situación de crisis económica como consecuencia de la pandemia, no es el momento de sentar las bases para una reforma de las pensiones o del mercado de trabajo”. 

En este sentido, ha considerado que “los sindicatos hemos dado un ejemplo de saber estar, de defender a los más débiles, de trabajar para unir al país en una situación tan dramática. Tenemos la perspectiva de que en los próximos meses mejore la situación. Es imprescindible abordar los temas pendientes sin vetos, como estábamos en marzo”. 

Por ello, ha reclamado la movilización de todos los trabajadores y trabajadoras el día 11 de febrero. “Hay que mostrar al Gobierno la indignación que supone que muchos colectivos hayan dado hasta su vida para no dejar caer a este país y el Ejecutivo ahora no los esté protegiendo. Esto se tiene que acabar”. 

El acuerdo de los ERTE, a punto de cerrarse

Preguntado por la negociación de los ERTE, ha considerado que “el acuerdo está prácticamente cerrado para prorrogarlos hasta el 31 de mayo. Las últimas modificaciones ya están al nivel de los gabinetes técnicos. Hay algunas, las vamos a estudiar y veremos si alguna se introduce en la última propuesta del Gobierno”.

De esta forma, ha anunciado que “el documento del Gobierno lo acabamos de recibir. No hay cambios sustanciales. No se va a tocar nada de lo fundamental del acuerdo. Creo que en el día de hoy o mañana tendremos el acuerdo cerrado”.


⇒ Manifiesto "Ahora Sí Toca"

⇒ Octavilla "Ahora Sí Toca"

 
 
Ene 20 2021

Desde el Sindicato Federal de Policia de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), queremos informaros en relación a la noticia aparecida en algunos medios de comunicación, donde se describe el siguiente encabezado;

“EL MINISTERIO DE SANIDAD HA EMITIDO UNA INSTRUCCIÓN EN LA QUE SE COMUNICA A LOS MINISTERIOS DE INTERIOR Y DEFENSA QUE, A PARTIR DEL MES DE MARZO Y HASTA JUNIO, SE VACUNARÁ CONTRA LA COVID-19 A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (FCSE) Y LAS FUERZAS ARMADAS, AL SER CONSIDERADAS COMO COLECTIVOS DE RIESGO".

Desde nuestra Organización hemos contactado directamente con el Gabinete del Ministro de Sanidad, donde se nos informa que esa noticia carece de veracidad, ya que en esta semana en curso, se han de reunir el equipo de Sanidad encargado de establecer los protocolos y de desarrollar la ESTRATEGIA DE VACUNACION FRENTE AL COVID-19 EN ESPAÑA, que de continuidad a la de fecha 18 de Diciembre de 2020, donde se establecían las prioridades (Residencias y Personal Sanitario). Así mismo comparten con nosotros, que cuando se hable de seguridad pública no piensan discriminar a ningún colectivo, sea de la Administración Pública que sea, porque no existe motivo objetivo que lo sustente.

Tenemos el compromiso por parte del Ministerio de Sanidad de facilitarnos la información detallada sobre los acuerdos adoptados por este Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación, y así se os será transmitida en tiempo y forma.

En todo caso, es importante destacar, que desde nuestro Sindicato Federal de Policia entendemos que es prioritario que en esta segunda fase de Vacunación en España, se incluyan los colectivos que asumen la seguridad en general, tanto efectivos públicos y privados. Los colectivos de Policia Local, Autonómica, FCSE, FFAA y Seguridad Privada, se debería de garantizar su salud y por ende, la de los ciudadanos receptores de sus servicios, evitando de este modo, casos de propagación de la pandemia entre el personal de estos colectivos. Así lo hemos trasladado directamente al equipo del Ministro de Sanidad para su valoración.

 
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Ene 20 2021

El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT ha remitido una carta a la ministra de Educación para urgirle a convocar la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada.

En la misiva enviada a Isabel Celaá, FeSP-UGT señala que son varios los aspectos que recoge la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que afectan al profesorado y que requieren de diálogo y negociación entre Administración, sindicatos y patronales que permita llegar a acuerdos para su concreción y aplicación en todo el Estado.

Esos acuerdos, además,  deben evitar situaciones de desigualdad entre territorios y, por supuesto, tienen que tener en cuenta a todo el profesorado, preservando, en todo caso, sus derechos adquiridos.

Ene 20 2021

Los sindicatos FeSP-UGT, CCOO, ANPE, CSIF y STEs han remitido una carta a la ministra de Educación para urgirle a convocar la Mesa de negociación del personal docente no universitario, al objeto de negociar, lo antes posible, todos los aspectos recogidos en la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que mañana entra en vigor, y que afectan directamente al profesorado. 

En la carta, las organizaciones sindicales le recuerdan a Isabel Celaá que son varios los aspectos que recoge la nueva ley que afectan al profesorado y que requieren un diálogo y negociación que permita llegar a acuerdos para su concreción y aplicación en todo el Estado, por lo que exigen que se establezcan unos acuerdos que eviten desigualdades entre territorios y, por supuesto, tengan en cuenta a todo el profesorado, preservando, en todo caso, sus derechos adquiridos. 

Por ello, le solicitan la convocatoria urgente de la Mesa de negociación del personal docente no universitario para tratar estos temas y, fundamentalmente, los recogidos en la Disposición adicional séptima, Normativa sobre el desarrollo de la profesión docente; en la Disposición adicional undécima, Profesorado del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional, y en la Disposición adicional cuadragésima octava sobre el cambio de funciones del personal docente. 

Ene 20 2021

Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para la plena implementación del SAAD

El desarrollo de los servicios públicos que atienden a las personas en situación de dependencia es uno de los grandes retos de los sistemas de bienestar. En el caso español la atención a las personas en situación de dependencia experimenta un salto cualitativo en el momento en que entra en vigor la Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia), que establece un importantísimo derecho para la ciudadanía: el derecho de todas las personas a ser atendidas en condiciones de igualdad por el sistema público estatal de dependencia (SAAD), en los casos en que la Administración vea reconocida dicha situación de dependencia. 
La Ley de Dependencia supuso, además, un importante salto cualitativo desde la perspectiva de las Administraciones Públicas, al requerir la participación y coordinación de todas ellas, fundamentalmente de la Administración General del Estado y de las Administraciones autonómicas, para articular, desarrollar y homologar un sistema público de dependencia con pretensiones de igualdad y de calidad. Dicho sistema se halla en construcción permanente y ha atravesado por vicisitudes relevantes. 
La asunción de las prestaciones de dependencia –también llamadas cuidados de larga duración- por parte del Estado ha significado, por un lado, visibilizar el ámbito de los cuidados de la esfera privada, evidenciando que es en las familias donde descansa la mayor parte de la atención de estos cuidados y, dentro de ellas, son las mujeres las responsables de prestarlos.
Por otro lado, ha implicado asumir la responsabilidad de la prestación del cuidado por el Estado, articulando una importante cantidad de recursos humanos, mujeres, en su mayoría, que serán las que ejecuten las políticas públicas del cuidado. 
El Acuerdo al que se ha llegado en la Mesa del Diálogo Social es importante porque recoge las demandas, en relación con el empleo, que desde el 2016 hemos venido haciendo desde la FeSP-UGT. Hemos trasladado estas demandas tanto al Defensor del Pueblo en dos ocasiones, como al Gobierno anterior, como al actual Secretario de Estado y como a las autoridades responsables de la gestión del SAAD en las diferentes CCAA. Considerábamos que era necesario una profunda revisión del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, con el fin de garantizar la calidad de las prestaciones, lo cual requiere, entre otros factores:
- Un discurso sólido de SAD como servicio público y de calidad, en términos similares al de SALUD (y más en los casos en que sea un derecho subjetivo) que valore la importancia de la implicación de los servicios públicos en la profesionalización de los cuidados
 
Una planificación que garantice un sistema coordinado en todas las comunidades, con dotación presupuestaria suficiente que garantice la sostenibilidad del sistema y la cobertura de las necesidades, avalando que se respetan los derechos y condiciones laborales de las trabajadoras en todo el estado, sin diferencias entre comunidades.
 
Condiciones laborales dignas y salarios adecuados evitando el sesgo de género por el que los cuidados se consideran menos importantes y especializados que otros trabajos.
La coordinación entre los servicios sociales, de salud, con dotación económica suficiente, así como plantillas en la administración pública que puedan responder a las demandas de las personas dependientes, licitación de expedientes, seguimiento de los servicios, supervisión de condiciones de ejecución y coordinación.
 
Durante estos años, a través de la negociación colectiva, la acción sindical, la realización de estudios, presión en los medios, se ha realizado una constante labor de reivindicación para alcanzar las condiciones adecuadas para garantizar una adecuada atención en dependencia, así como para lograr condiciones dignas laborales para un sector mayoritariamente femenino. 
La firma del acuerdo en la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para implementación del SAAD, supone un paso importante en este proceso porque recoge una parte importante de las reivindicaciones que planteamos y supone un cambio en el marco de negociación del empleo.
 
A continuación, subrayamos los puntos referidos a las materias laborales, así como al análisis desde la perspectiva de género en el SAAD.
 
1.-Hacer una revisión profunda del impacto de género en las actuales políticas de cuidados. El acuerdo recoge la importancia de evaluar las distintas variables de funcionamiento del SADD e incorpora el análisis desde la perspectiva de género. Es preciso señalar que la asunción de tales cuidados como una prestación pública constituye un notable avance al considerarse estos cuidados como un elemento valioso y merecedor de una protección relevante, máxime en los casos en los que parte de esta protección alcanza el carácter de derecho subjetivo de los ciudadanos (ej. prestaciones de dependencia en España). Se trata, pues, de un proceso en el que los cuidados antes informales –‘naturalmente’ invisibles- salen a la luz, y pasan a ser reconocidos como públicos y prestados en un entorno institucionalizado y formal. 
Sin embargo cuando los cuidados son institucionalizados, son las  mujeres, las que en abrumadora mayoría las que desempeñan estos trabajos, produciéndose la masculinización exclusivamente en los niveles más altos de los diferentes ámbitos de actividad. Así, por ejemplo, en el ámbito de los centros residenciales o de los cuidados a domicilio, más del 90% de las trabajadoras que prestan el servicio directo al usuario son mujeres, incrementándose de modo notable la masculinización en los cuadros de mando y, en menor medida, en los cuadros técnicos. Sin embargo, la formalización de este sector del cuidado únicamente ha servido para constatar la perpetuación de la minusvaloración social: (1) siguen siendo empleos de baja calidad, baja retribución y de escasas posibilidades de promoción profesional; (2) ocupan las últimas categorías profesionales de su respectivo escalafón o convenio; (3) la posibilidad de mejora sólo se encuentra fuera del sector, ya que la formación ocupacional –sumamente escasa- no contribuye a acceder a mejoras sustanciales. 
 
2.-La realización de una evaluación del funcionamiento del SAAD durante el 2021, especialmente los centros residenciales que han sido muy golpeados por la pandemia de la Covid-19. En el marco de esta evaluación se realizará una revisión profunda del impacto de género en las actuales políticas de cuidados ( en torno al 90% son trabajadoras). 
 
3.-Nuestra reivindicación de que no puede haber calidad en la atención sin calidad en el empleo, consecuencia de esto es la inclusión de una serie de medidas que veníamos demandando como por ejemplo mejores ratios entre profesionales y usuarios, adecuar estas ratios mínimas al acuerdo del Consejo del IMSERSO de 2008 para la acreditación de residencias, transposición de las medidas a la legislación de las CCAA, esto mejorará tanto la calidad de la atención como las condiciones laborales de las trabajadoras, este compromiso se recoge en el acuerdo entre los objetivos prioritarios. El documento del acuerdo hace referencia en repetidas ocasiones y como objetivo prioritario a “asegurar las condiciones laborales y profesionales adecuadas de las personas que trabajan en el SAAD”.
 
 4.-  En cuanto al empleo se recoge el compromiso de analizar las aportaciones del sistema de cuidados y en concreto del SAAD, a magnitudes como el PIB del país, determinar los retornos directos, indirectos e inducidos del sistema al erario público y determinar la generación del empleo
 
5. Aumento de la financiación por parte de la AGE recuperando el nivel acordado, se cuantifican 600 millones para el 2021, con un compromiso de continuar el aumento en el 2022 y en el 2023. Una parte de esta cantidad deberá repercutir en las condiciones laborales de las trabajadoras. 
 
6. Mantenimiento de la prima del actual sistema a favor de la prestación de servicios sobre prestación económica. 
7. Atención a la formación. En “el proyecto de Presupuestos Generales para el 2021 se incluye un programa para la capacitación del personal en el modelo de atención centrado en la persona en los servicios residenciales y domiciliarios, y un plan de mejora de la formación orientada hacia el cambio de modelo de atención y la capacitación tecnológica”. La inversión es de 25 millones de euros y se desarrollará entre el 2021 y el 2023.
 
 8. Los convenios bilaterales entre la AGE y las CCAA incluirán referencias a: a. Ratios efectivos en cada CA, mínimos exigibles según el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación del SAAD de 2008. b. Inclusión en los pliegos de concierto de la garantía de cumplimiento del convenio colectivo sectorial. c. Incremento de precios vinculados a la mejora de los estándares de calidad en la atención y el empleo (estabilidad, porcentaje mínimo de jornada a tiempo parcial). d. Transposición a la normativa autonómica de los requisitos de empleo establecidos en el Acuerdo de Acreditación de centros y Servicios aprobados por el Consejo Territorial del SAAD de 19 de octubre de 2017 (profesionalización de las gerocultoras). 
 
9. Permitir que los Planes de Individuales puedan ser modificados en función de las circunstancias de las personas (ingresan con un nivel más bajo de dependencia y no se modifica, aunque el usuario o usuaria haya aumentado de forma notable el grado de dependencia, esto es importante para adecuar las ratios con los niveles de dependencia).
 
10. La Mesa del Dialogo Social acordará unas propuestas para la revisión del Acuerdo de Acreditación de centros y servicios del SAAD, se incluirán las mejoras necesarias para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos, para paliar la insuficiencia en el número de profesionales y la estimación de las previsiones de los profesionales necesarios en los próximos años. Entre la adopción de las medidas necesarias se incluye el refuerzo de las inspecciones, algo que desde la FeSP-UGT veníamos demandando. 10. Continua pendiente la regulación de la figura del asistente personal. 
 
11. En el 2021 la Mesa de Diálogo Social propondrá estrategias de coordinación socio-sanitaria en el marco del SAAD, también esto ha sido demandado por la FeSP-UGT durante la pandemia de la Covid-19 especialmente.
 
12. La propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluirá transferencia de recursos a las CCAA para hacer frente a la Covid-19 con la adquisición de EPIs, pruebas diagnósticas y gastos relacionados con la adaptación de la prestación de los servicios a los requisitos de seguridad para la protección de profesionales y personas atendida
 
Por último, subrayar la importancia del dialogo social, en el que UGT es un interlocutor que representa las voces de miles de trabajadoras y trabajadores con capacidad para trasladar la realidad de un sistema de protección fundamental para garantizar los derechos de cuidado de las personas que así lo requieren. 
 
 LUZ MARTÍNEZ TEN Sª de Mujer y Políticas Sociales FeSP UGT
GRACIA ÁLVAREZ ANDRÉS Sª Federal de Salud, Servicios Sociosanitario y Dependencia
 
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Ene 20 2021

Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para la plena implementación del SAAD

El desarrollo de los servicios públicos que atienden a las personas en situación de dependencia es uno de los grandes retos de los sistemas de bienestar. En el caso español la atención a las personas en situación de dependencia experimenta un salto cualitativo en el momento en que entra en vigor la Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia), que establece un importantísimo derecho para la ciudadanía: el derecho de todas las personas a ser atendidas en condiciones de igualdad por el sistema público estatal de dependencia (SAAD), en los casos en que la Administración vea reconocida dicha situación de dependencia. 
La Ley de Dependencia supuso, además, un importante salto cualitativo desde la perspectiva de las Administraciones Públicas, al requerir la participación y coordinación de todas ellas, fundamentalmente de la Administración General del Estado y de las Administraciones autonómicas, para articular, desarrollar y homologar un sistema público de dependencia con pretensiones de igualdad y de calidad. Dicho sistema se halla en construcción permanente y ha atravesado por vicisitudes relevantes. 
La asunción de las prestaciones de dependencia –también llamadas cuidados de larga duración- por parte del Estado ha significado, por un lado, visibilizar el ámbito de los cuidados de la esfera privada, evidenciando que es en las familias donde descansa la mayor parte de la atención de estos cuidados y, dentro de ellas, son las mujeres las responsables de prestarlos.
Por otro lado, ha implicado asumir la responsabilidad de la prestación del cuidado por el Estado, articulando una importante cantidad de recursos humanos, mujeres, en su mayoría, que serán las que ejecuten las políticas públicas del cuidado. 
El Acuerdo al que se ha llegado en la Mesa del Diálogo Social es importante porque recoge las demandas, en relación con el empleo, que desde el 2016 hemos venido haciendo desde la FeSP-UGT. Hemos trasladado estas demandas tanto al Defensor del Pueblo en dos ocasiones, como al Gobierno anterior, como al actual Secretario de Estado y como a las autoridades responsables de la gestión del SAAD en las diferentes CCAA. Considerábamos que era necesario una profunda revisión del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, con el fin de garantizar la calidad de las prestaciones, lo cual requiere, entre otros factores:
- Un discurso sólido de SAD como servicio público y de calidad, en términos similares al de SALUD (y más en los casos en que sea un derecho subjetivo) que valore la importancia de la implicación de los servicios públicos en la profesionalización de los cuidados
 
Una planificación que garantice un sistema coordinado en todas las comunidades, con dotación presupuestaria suficiente que garantice la sostenibilidad del sistema y la cobertura de las necesidades, avalando que se respetan los derechos y condiciones laborales de las trabajadoras en todo el estado, sin diferencias entre comunidades.
 
Condiciones laborales dignas y salarios adecuados evitando el sesgo de género por el que los cuidados se consideran menos importantes y especializados que otros trabajos.
La coordinación entre los servicios sociales, de salud, con dotación económica suficiente, así como plantillas en la administración pública que puedan responder a las demandas de las personas dependientes, licitación de expedientes, seguimiento de los servicios, supervisión de condiciones de ejecución y coordinación.
 
Durante estos años, a través de la negociación colectiva, la acción sindical, la realización de estudios, presión en los medios, se ha realizado una constante labor de reivindicación para alcanzar las condiciones adecuadas para garantizar una adecuada atención en dependencia, así como para lograr condiciones dignas laborales para un sector mayoritariamente femenino. 
La firma del acuerdo en la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para implementación del SAAD, supone un paso importante en este proceso porque recoge una parte importante de las reivindicaciones que planteamos y supone un cambio en el marco de negociación del empleo.
 
A continuación, subrayamos los puntos referidos a las materias laborales, así como al análisis desde la perspectiva de género en el SAAD.
 
1.-Hacer una revisión profunda del impacto de género en las actuales políticas de cuidados. El acuerdo recoge la importancia de evaluar las distintas variables de funcionamiento del SADD e incorpora el análisis desde la perspectiva de género. Es preciso señalar que la asunción de tales cuidados como una prestación pública constituye un notable avance al considerarse estos cuidados como un elemento valioso y merecedor de una protección relevante, máxime en los casos en los que parte de esta protección alcanza el carácter de derecho subjetivo de los ciudadanos (ej. prestaciones de dependencia en España). Se trata, pues, de un proceso en el que los cuidados antes informales –‘naturalmente’ invisibles- salen a la luz, y pasan a ser reconocidos como públicos y prestados en un entorno institucionalizado y formal. 
Sin embargo cuando los cuidados son institucionalizados, son las  mujeres, las que en abrumadora mayoría las que desempeñan estos trabajos, produciéndose la masculinización exclusivamente en los niveles más altos de los diferentes ámbitos de actividad. Así, por ejemplo, en el ámbito de los centros residenciales o de los cuidados a domicilio, más del 90% de las trabajadoras que prestan el servicio directo al usuario son mujeres, incrementándose de modo notable la masculinización en los cuadros de mando y, en menor medida, en los cuadros técnicos. Sin embargo, la formalización de este sector del cuidado únicamente ha servido para constatar la perpetuación de la minusvaloración social: (1) siguen siendo empleos de baja calidad, baja retribución y de escasas posibilidades de promoción profesional; (2) ocupan las últimas categorías profesionales de su respectivo escalafón o convenio; (3) la posibilidad de mejora sólo se encuentra fuera del sector, ya que la formación ocupacional –sumamente escasa- no contribuye a acceder a mejoras sustanciales. 
 
2.-La realización de una evaluación del funcionamiento del SAAD durante el 2021, especialmente los centros residenciales que han sido muy golpeados por la pandemia de la Covid-19. En el marco de esta evaluación se realizará una revisión profunda del impacto de género en las actuales políticas de cuidados ( en torno al 90% son trabajadoras). 
 
3.-Nuestra reivindicación de que no puede haber calidad en la atención sin calidad en el empleo, consecuencia de esto es la inclusión de una serie de medidas que veníamos demandando como por ejemplo mejores ratios entre profesionales y usuarios, adecuar estas ratios mínimas al acuerdo del Consejo del IMSERSO de 2008 para la acreditación de residencias, transposición de las medidas a la legislación de las CCAA, esto mejorará tanto la calidad de la atención como las condiciones laborales de las trabajadoras, este compromiso se recoge en el acuerdo entre los objetivos prioritarios. El documento del acuerdo hace referencia en repetidas ocasiones y como objetivo prioritario a “asegurar las condiciones laborales y profesionales adecuadas de las personas que trabajan en el SAAD”.
 
 4.-  En cuanto al empleo se recoge el compromiso de analizar las aportaciones del sistema de cuidados y en concreto del SAAD, a magnitudes como el PIB del país, determinar los retornos directos, indirectos e inducidos del sistema al erario público y determinar la generación del empleo
 
5. Aumento de la financiación por parte de la AGE recuperando el nivel acordado, se cuantifican 600 millones para el 2021, con un compromiso de continuar el aumento en el 2022 y en el 2023. Una parte de esta cantidad deberá repercutir en las condiciones laborales de las trabajadoras. 
 
6. Mantenimiento de la prima del actual sistema a favor de la prestación de servicios sobre prestación económica. 
 
7. Atención a la formación. En “el proyecto de Presupuestos Generales para el 2021 se incluye un programa para la capacitación del personal en el modelo de atención centrado en la persona en los servicios residenciales y domiciliarios, y un plan de mejora de la formación orientada hacia el cambio de modelo de atención y la capacitación tecnológica”. La inversión es de 25 millones de euros y se desarrollará entre el 2021 y el 2023.
 
 8. Los convenios bilaterales entre la AGE y las CCAA incluirán referencias a: a. Ratios efectivos en cada CA, mínimos exigibles según el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación del SAAD de 2008. b. Inclusión en los pliegos de concierto de la garantía de cumplimiento del convenio colectivo sectorial. c. Incremento de precios vinculados a la mejora de los estándares de calidad en la atención y el empleo (estabilidad, porcentaje mínimo de jornada a tiempo parcial). d. Transposición a la normativa autonómica de los requisitos de empleo establecidos en el Acuerdo de Acreditación de centros y Servicios aprobados por el Consejo Territorial del SAAD de 19 de octubre de 2017 (profesionalización de las gerocultoras). 
 
9. Permitir que los Planes de Individuales puedan ser modificados en función de las circunstancias de las personas (ingresan con un nivel más bajo de dependencia y no se modifica, aunque el usuario o usuaria haya aumentado de forma notable el grado de dependencia, esto es importante para adecuar las ratios con los niveles de dependencia).
 
10. La Mesa del Dialogo Social acordará unas propuestas para la revisión del Acuerdo de Acreditación de centros y servicios del SAAD, se incluirán las mejoras necesarias para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos, para paliar la insuficiencia en el número de profesionales y la estimación de las previsiones de los profesionales necesarios en los próximos años. Entre la adopción de las medidas necesarias se incluye el refuerzo de las inspecciones, algo que desde la FeSP-UGT veníamos demandando. 10. Continua pendiente la regulación de la figura del asistente personal. 
 
11. En el 2021 la Mesa de Diálogo Social propondrá estrategias de coordinación socio-sanitaria en el marco del SAAD, también esto ha sido demandado por la FeSP-UGT durante la pandemia de la Covid-19 especialmente.
 
12. La propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluirá transferencia de recursos a las CCAA para hacer frente a la Covid-19 con la adquisición de EPIs, pruebas diagnósticas y gastos relacionados con la adaptación de la prestación de los servicios a los requisitos de seguridad para la protección de profesionales y personas atendida
 
Por último, subrayar la importancia del dialogo social, en el que UGT es un interlocutor que representa las voces de miles de trabajadoras y trabajadores con capacidad para trasladar la realidad de un sistema de protección fundamental para garantizar los derechos de cuidado de las personas que así lo requieren. 
 
 LUZ MARTÍNEZ TEN Sª de Mujer y Políticas Sociales FeSP UGT
GRACIA ÁLVAREZ ANDRÉS Sª Federal de Salud, Servicios Sociosanitario y Dependencia
Ene 19 2021

Desde el Sindicato Federal de Policia de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), queremos informaros en relación a la noticia aparecida en algunos medios de comunicación, donde se describe el siguiente encabezado;

“EL MINISTERIO DE SANIDAD HA EMITIDO UNA INSTRUCCIÓN EN LA QUE SE COMUNICA A LOS MINISTERIOS DE INTERIOR Y DEFENSA QUE, A PARTIR DEL MES DE MARZO Y HASTA JUNIO, SE VACUNARÁ CONTRA LA COVID-19 A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (FCSE) Y LAS FUERZAS ARMADAS, AL SER CONSIDERADAS COMO COLECTIVOS DE RIESGO".

Desde nuestra Organización hemos contactado directamente con el Gabinete del Ministro de Sanidad, donde se nos informa que esa noticia carece de veracidad, ya que en esta semana en curso, se han de reunir el equipo de Sanidad encargado de establecer los protocolos y de desarrollar la ESTRATEGIA DE VACUNACION FRENTE AL COVID-19 EN ESPAÑA, que de continuidad a la de fecha 18 de Diciembre de 2020, donde se establecían las prioridades (Residencias y Personal Sanitario). Así mismo comparten con nosotros, que cuando se hable de seguridad pública no piensan discriminar a ningún colectivo, sea de la Administración Pública que sea, porque no existe motivo objetivo que lo sustente.

Tenemos el compromiso por parte del Ministerio de Sanidad de facilitarnos la información detallada sobre los acuerdos adoptados por este Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación, y así se os será transmitida en tiempo y forma.

En todo caso, es importante destacar, que desde nuestro Sindicato Federal de Policia entendemos que es prioritario que en esta segunda fase de Vacunación en España, se incluyan los colectivos que asumen la seguridad en general, tanto efectivos públicos y privados. Los colectivos de Policia Local, Autonómica, FCSE, FFAA y Seguridad Privada, se debería de garantizar su salud y por ende, la de los ciudadanos receptores de sus servicios, evitando de este modo, casos de propagación de la pandemia entre el personal de estos colectivos. Así lo hemos trasladado directamente al equipo del Ministro de Sanidad para su valoración.

Ene 18 2021

Plan de pensiones

PLAN DE PENSIONES

UGT REITERA SUS DEMANDAS:

» Retomar la aportación de la empresa al Plan de Pensiones, bloqueada desde 2012.

» Renovación y Regularización de la Comisión de Control.

» Crear la Oficina del Partícipe.

Ayer, 14 de enero, se celebró una reunión de la Comisión de Control del Plan de Pensiones con el orden del día de proceder a evaluar los informes de gestión del Plan correspondientes al segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, informes que son elaborados por Deustche Bank-Zurich Seguros y Pensiones.

Nos han presentado una valoración positiva del cierre de 2020 considerando las circunstancias tanto epidemiológicas cómo económicas. UGT ha votado a favor de los informes de gestión del 2° y 3° trimestre del Plan de Pensiones al tener ambos una rentabilidad positiva.

UGT ha vuelto a demandar y a visibilizar la necesidad perentoria de recuperar la aportación de Correos al Plan de Pensiones, bloqueada desde 2012 a pesar de que las últimas Leyes de Presupuestos ya admiten esta aportación e incluso el Gobierno a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, apuesta claramente por la previsión social complementaria en el ámbito de las empresas.

Así mismo hemos reiterado la petición de que se tomen las medidas necesarias para la regularización de la Comisión de Control mediante su renovación. Y a su vez, que se aborde nuestra demanda de crear la Oficina del Partícipe para que los y las partícipes puedan ser atendidos por sus representantes legítimos. Tres demandas que venimos reclamando conjuntamente con CCOO y que se recogen en todas las actas de las sucesivas reuniones.

UGT exige que se asuma por todas las partes la importancia del Plan de Pensiones, que se le dé más fortaleza mediante la contribución de la empresa y que se haga extensivo a todos los colectivos de Correos, incluidos los eventuales. Todo ello redundará en beneficio de todos los empleados/as de Correos partícipes del mismo.

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Ene 18 2021

Teletrabajo

 

CONTRATAN UNA CONSULTORA

(35.000 €) PARA VESTIR COMO

TELETRABAJO LA VENTA

Y VACIAMIENTO DE EDIFICIOS

CCOO Y UGT EXIGEN QUE SE ABRA YA LA NEGOCIACIÓN OBLIGADA POR LEY.
SI NO, EXIGIREMOS SU CUMPLIMIENTO EN LOS TRIBUNALES

El miércoles 21 de octubre de 2020, tuvimos la última Mesa Negociadora para abordar el registro horario de la jornada de manera telemática. Sí, decimos bien: el 21 de octubre, ¡hace casi tres meses! En aquel entonces, aprobado ya el RD 28/20 de 22 de septiembre, derivado del Acuerdo Gobierno-Confederaciones de CCOO y UGT, que impulsaba la regulación del Teletrabajo, ambos sindicatos exigimos su inmediata aplicación por Acuerdo en Correos. Cuatro cartas después exigiendo al presidente de Correos que se convoque la Mesa para desarrollar el Acuerdo, firmado por el Gobierno que lo ha nombrado, del teletrabajo ni se sabe, ni se espera, al menos a corto plazo.

Lo que si se ha sabido, y no por el presidente sino por los medios de comunicación que “tan bien trata” su departamento de propaganda y agitaciónes que, mientras el presidente bloqueaba personalmente esta negociación (como otras pendientes), no perdía tiempo para gastar 35.350 euros en una consultora, KPMG Abogados, para la implantación del teletrabajo (que es lo que consta en el pliego). Una adjudicación que hay que conectar con la adjudicación de otra consultora, Workplace, para el diseño, soporte técnico durante la preparación y ejecución de las obras de traslado a la nueva sede de Correos, en la que Serrano quiere montarse un despacho con planta noble de casi un millón de euros. Para entendernos: una consultora de teletrabajo para dar cobertura a otra encargada del vaciamiento del actual Centro Directivo (con 1.300 personas) y para la futura venta de patrimonio. Efectivamente, lo del presidente de Correos con el teletrabajo es “puro altruismo” e interés por los derechos de las personas.

Hace unos días desayunamos con la noticia del premio -otro más- de que Correos había “conseguido” (a qué precio no se sabe) entrar en el puesto 32 del índice Merco de Responsabilidad y Gobierno, por, ¡ATENCIÓN!, “transparencia y buen gobierno, responsabilidad con los empleados, transparencia y calidad informativa y respeto a los derechos del consumidor.” A estas alturas nadie discute ya que el lobby “conseguidor” de premios y rankings de Serrano funciona a la perfección y que promocionarse es su objetivo principal.

Pero no estaría de más que ese nuevo Diploma de cartón-piedra que el presidente va a colgar en su despacho millonario (y van...), para que se parezca en algo a la realidad, fuera acompañado de la decencia de abrir LA NEGOCIACIÓN PARA REGULAR EL TELETRABAJO O TRABAJO A DISTANCIA, obligada por ley desde finales de septiembre de 2020. Con independencia de lo que digan las consultoras (del escándalo de las consultoras hablamos otro día), sabe el “señor” presidente que LA EMPRESA DEBE PONER ENCIMA DE LA MESA, para iniciar la negociación y alcanzar el obligado Acuerdo:

  • Documentación con antelación suficiente.
  • Inventario: medios y herramientas que se deben facilitar para ese puesto (consumibles, muebles y su vida útil o periodo máximo de renovación).
  • Enumeración de los gastos y el mecanismo de compensación de los gastos directos que pudieran derivarse que deberá abonar la empresa. Podrá ser mediante un complemento específico que se fije mediante convenio colectivo, si existiera.
  • Horario de trabajo las reglas de disponibilidad.
  • Distribución del horario entre el trabajo que se haga presencialmente y a distancia.
  • Ubicación del lugar de trabajo habitual y centro de trabajo presencial al que queda adscrito.
  • Medios de control empresarial del trabajo (teletrabajo y otros)
  • Procedimientos a seguir en caso de que se produzcan dificultades técnicas que impidan trabajar a distancia.
  • Instrucciones y formación en materia de protección de datos para el trabajo a distancia, desarrolladas en participación con los representantes de los trabajadores.
  • Instrucciones sobre la seguridad de la información aplicable en el teletrabajo.
  • Duración del acuerdo o plazos de aplicación.
  • derechos de representación, información, acceso y marco de derechos sindicales de los teletrabajadores/as.

Y DEBE HACERLO CON ESTOS REQUISITOS BÁSICOS:

  • La prestación de servicio a distancia mediante la modalidad de teletrabajo no será considerada como ordinaria, de tal manera que se combine la presencialidad y el teletrabajo en el régimen que se establezca.
  • El teletrabajo no podrá implicar, en ningún caso, una merma en los derechos (individuales o colectivos) de los trabajadores/as de Correos, ni una reducción en el empleo o dar lugar a privatizaciones o externalizaciones.
  • Garantías en materia de salud laboral, protección de datos y derecho a la desconexión digital.
  • Voluntariedad y la reversibilidad, con criterios objetivos en el acceso y la necesidad de salvaguardar la Igualdad entre hombres y mujeres.
  • Que se explicite, con carácter básico, que los medios tecnológicos y su mantenimiento deben correr a cargo de la empresa.

Tres meses de incumplimiento de lo que la ley le obliga a negociar, ya no se puede estirar más la situación. De no abrir la negociación sobre teletrabajo, que afecta a más de 10 mil trabajadores/as de los grupos IV y III del Convenio, lo exigiremos ante quienes velan por su complimiento: los tribunales y los jueces.

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